- La parlamentaria de UPN por Navarra Suma y portavoz de la Comisión de Derechos Sociales, Marta Álvarez, afirma que no se recoge que Navarra ha empeorado en algunos indicadores relevantes
- Para Álvarez, el Gobierno oculta los indicadores que evidencian el fracaso de la Renta Garantizada como elemento de inclusión social
La parlamentaria de UPN por Navarra Suma y portavoz de la Comisión de Derechos Sociales, Marta Álvarez, ha denunciado que el III Informe sobre Pobreza y Desigualdad elaborado por el Observatorio de la Realidad Social del Departamento de Derechos Sociales y presentado hoy por la Consejera Maeztu “no refleja la realidad de la Comunidad Foral”.
Así, según ha manifestado Marta Álvarez, “en el Informe sólo se da el dato de la pobreza severa de tasa AROPE por ser más beneficioso que el ejercicio anterior, pero se oculta que en 2018, año del análisis, por primera vez hemos dejado de ser la Comunidad Autónoma con menor tasa de pobreza y exclusión, pasando a ser la segunda tras la Comunidad Autónoma Vasca”. Asimismo, tampoco se recoge que “hemos bajado de la segunda a la quinta posición en tasas de exclusión severa y moderada, según el informe FOESSA elaborado por Cáritas”.
La parlamentaria también critica que el informe oculta que en 2018, de 16.000 unidades familiares perceptoras de la Renta Garantizada, sólo suspendieron la prestación por acceso al mercado laboral 1.236, según datos del propio Servicio Navarro de Empleo. “Es decir, que la Renta Garantizada sólo consiguió que dejaran de necesitar el subsidio el 7,7% de las familias perceptoras”, explica.
En su opinión, “con ello se quiere tapar que la Ley Foral de Renta Garantizada que aprobó el cuatripartito y que el PSN quiere mantener, pese a que en su día fue duramente criticada por los socialistas, ha fracasado en lo referido a la inclusión de las personas al no estar ligada correctamente al empleo, como han venido denunciando varias entidades sociales”.
“De hecho”, según añade, “el propio informe recoge que suben las unidades perceptoras a pesar de que baja el paro, cuestión que no es un buen indicador de la eficacia de una prestación que tiene un coste de alrededor de cien millones de euros, aunque pueda estar afectada por ciertos condicionantes”.
