- Los regionalistas aprecian claros indicios de que Juan José Marcos pudo haber faltado al deber penal de veracidad
- Consideran acreditado que cuando Ayerdi se apresuró a prestar un millón de euros, la empresa estaba devolviendo pagarés y haciendo frente a una solicitud de concurso de acreedores
UPN ha solicitado que se levante testimonio para su traslado a la Fiscalía de lo declarado por el promotor de Davalor Salud, Juan José Marcos, en sesión de la Comisión de Investigación en el Parlamento de Navarra celebrada el pasado martes 15 de enero.
La solicitud de UPN se produce “a la vista de la abierta contradicción con las afirmaciones reveladas en el día de hoy y la documentación aportada por un socio cofundador de la empresa, por si Marcos hubiera incurrido en un posible delito penal”.
En concreto, se refieren al delito tipificado en el artículo 502.3 del Código Penal según el cual, “el que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses”.
Para los regionalistas, “los testimonios y la documentación aportados por el socio de Davalor y propietario de la empresa Davalor Software hacen insostenible la veracidad de gran parte de lo declarado por el administrador único de Davalor Salud, Juan José Marcos”.
En concreto, consideran que “es particularmente grave que, mientras Juan José Marcos negó reiteradamente la incidencia de un inminente concurso de acreedores en las apresuradas gestiones dirigidas a que el vicepresidente Ayerdi decidiera prestar un millón de euros, hoy hemos conocido que en las mismas fechas la empresa Davalor Salud había devuelto hasta tres pagarés por valor de 170.000 euros y estaba apremiada por la interposición de un concurso necesario de acreedores”.
Asimismo, UPN ha denunciado que “por parte del vicepresidente Ayerdi nunca se pusieron de manifiesto estos hechos y la inminencia de un concurso de acreedores, a la par que de forma personal negociaba con los señores Marcos y Baztarrika la concesión de un préstamo de un millón de euros en contra del criterio técnico de SODENA y de los acuerdos de su consejo de administración”.
“Lo revelado hoy apunta que las gestiones y acuerdos adoptados por Ayerdi en el mes de septiembre de 2015 de manera irregular (destitución de todo el consejo, nombramiento de solo tres consejeros y adopción del acuerdo en una semana) pudieron estar motivados por la urgencia de los impagos y el posible concurso de acreedores”, han añadido.
Además, UPN también considera de especial gravedad que el socio, basado en los datos de la empresa, ha confirmado que ya en 2014 ‘la empresa era un cadáver’ y que nunca se puede considerar una start up a una empresa que abona a su administrador único un salario de 150.000 euros anuales.
