- Considera “injustificable” el daño causado tanto a las personas a las que ahora se las ha anulado la adjudicación como al resto de los adjudicatarios de la promoción
UPN ha exigido al Gobierno de María Chivite que dé explicaciones sobre la anulación de la adjudicación de las 32 viviendas protegidas en el edificio de Maristas que ya estaban asignadas e incluidas en la lista definitiva publicada en el mes de septiembre de 2023.
En concreto, el partido regionalista desea conocer la lista y puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes, la resolución y sus motivos por los que anula la adjudicación a los 32 afectados, las quejas y recursos interpuestos por estas personas y las soluciones que va a plantear para resolver esta situación.
Asimismo, UPN ha solicitado la comparecencia de la Consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, “como máxima responsable de un procedimiento chapucero y turbio que ha causado un perjuicio a una serie de demandantes de vivienda que cumplieron los procedimientos señalados por el Gobierno”.
Desde UPN consideran “injustificable el daño causado, tanto a estas personas como al resto de adjudicatarios de la promoción que se van a ver afectados por un nuevo retraso en la entrega de sus viviendas provocado por la anulación practicada, los trámites para rehacer el proceso y los posibles recursos que se puedan plantear”.
En este sentido, los regionalistas desean averiguar “si todo este perjuicio se ha debido a posibles negligencias del Gobierno de Navarra, que es quien ha generado desde el principio la confusión causante de todo el desaguisado”.
Para UPN, “si ya la política en materia de vivienda del Gobierno de Chivite está resultando, por su incompetencia, calamitosa para miles de personas que aspiran a disponer de una vivienda protegida, este asunto aún la enturbia más”.
77 viviendas de VPO y 31 de VPT
Como se recordará, se trataba de adjudicar 77 viviendas de VPO y 31 de VPT conforme a los baremos que establece el Gobierno de Navarra. A este proceso, dada la insuficiente oferta de vivienda, concurrieron más de 1.800 solicitantes y, una vez superados todos los requisitos y puntuadas todas las solicitudes válidas, se publicó la lista con nombres y apellidos de todos quienes habían resultado adjudicatarios.
Una vez conocieron su adjudicación, esas personas concertaron sus correspondientes hipotecas con entidades financieras para hacer frente al pago de sus viviendas.
Sin embargo, un mes después, Nasuvinsa anuló la adjudicación de 32 viviendas alegando que, supuestamente, habían cumplimentado mal los datos.
Por su parte, los adjudicatarios alegan que ellos cumplimentaron los datos que les exigía el propio Departamento de Vivienda, que además habilitaba la correspondiente casilla en los formularios que tenían que rellenar, lo cual, en principio, acredita la buena fe y corrección en el proceder.
