NA+ considera “sorprendente” que el PSN renuncie a eliminar esta disposición que antes criticaba y lo achaca a su “entrega al nacionalismo”
Navarra Suma ha presentado una enmienda a la proposición de ley de modificación de la Ley Foral de Contratos Públicos con el objeto de derogar su disposición adicional decimoquinta que obliga a las empresas que contraten con las administraciones públicas servicios que conlleven atención al público a formar necesariamente a sus trabajadores en euskera.
“Esta obligación, que se introdujo en el último momento en 2018 por parte del Gobierno cuatripartito de Barkos, es absolutamente desproporcionada e injusta, porque pretende imponer a los trabajadores de las empresas aprender euskera para poder trabajar con el Gobierno foral y con los Ayuntamientos, independientemente de las zonas de Navarra en la que estas empresas trabajen”, han señalado desde la coalición de UPN, Cs y PP.
La obligación, para NA+, “atenta contra los principios de igualdad y de objetividad, por cuanto que se impone a todas las empresas, aunque no sea conforme con la realidad lingüística de la zona, como ocurre en la zona no vascófona, y es una muestra de la obsesión del nacionalismo por imponer el euskera cueste lo que cueste”.
Asimismo, consideran que perjudica a las empresas de zonas no vascófonas, “ya que tienen que hacer una inversión extraordinaria con respecto a las que provienen de zonas en las que el euskera tiene una mayor presencia y goza de cooficialidad”.
La coalición califica de “sorprendente” que el PSN, “que la pasada legislatura intentó presentar una enmienda para evitar el contenido de esta disposición adicional, buscando adaptarla a la realidad navarra, no haya aprovechado esta iniciativa para incluir lo que en otro momento pretendía. Es una muestra más de que el PSN está absolutamente entregado al nacionalismo a cambio de la presidencia del Gobierno”.
Esta enmienda se suma a otras ocho presentadas a la proposición de ley impulsada por PSN, Geroa Bai y Podemos, y que van dirigidas a evitar que se eliminen requisitos y controles que garanticen los principios de transparencia, igualdad y libre competencia en la contratación pública.
“Buscar una mayor celeridad nunca puede ir en detrimento de la concurrencia y la igualdad a la hora de optar a un contrato con la Administración”, ha concluido NA+.
