No deja de sorprender el pensamiento único que algunas formaciones políticas presentes en el Parlamento de Navarra quieren imponer a toda la sociedad. De este atropello no se libran ni la educación ni los escolares navarros.
Para estos partidos que defienden la uniformidad del pensamiento -y como han venido manifestando siempre a la hora de debatir cuestiones como la asignatura de Religión o la educación afectivo-sexual en los centros educativos-, los padres y tutores legales de los menores no tienen derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos. Desprecian ese derecho, e incluso lo rechazan porque defienden que debe prevalecer por encima lo que ellos denominan “dignidad de los menores”. Les parece grave que los padres elijan la educación que quieren para sus hijos porque, según ellos, impone a los menores una adscripción moral determinada, condicionando su propia libertad e ideología desde la escuela. Postulan que el cometido de la educación es dotar a los menores de herramientas necesarias para que puedan elegir por sí mismos con plena conciencia (pleno del Parlamento de Navarra, 21 de junio de 2018).
Al final lo que cuestionan es la idea de que la educación no es una responsabilidad de las familias sino, exclusivamente, del Estado. El adoctrinamiento y la imposición están servidos. Lo demás sobra.
En una sociedad moderna y avanzada, en unos países en los que se ha implantado el sistema democrático, con unas normas de referencia que posibilitan la convivencia y en las que los principios fundamentales son el respeto a la pluralidad, a la diversidad y a los demás, el adoctrinamiento no tiene cabida.
Una sociedad democrática debe velar por los derechos y deberes de sus ciudadanos y, sobre todo, debe defender la libertad que tienen, en este caso, las familias para formar a sus hijos con las convicciones morales que consideren más justas, oportunas y adecuadas.
La educación en igualdad, que fomente la no discriminación a nadie porque tenga diferente sexo, color, origen, raza, religión o lengua, es lo que deben potenciar las administraciones públicas responsables de gestionar la educación.
La educación basada en el respeto al diferente, que busca formar a las nuevas generaciones de jóvenes en la tolerancia, la empatía, la libertad, así como en una adecuada educación afectivo-sexual, no la marcan las administraciones públicas a su antojo. Para que los objetivos que se persiguen se puedan cumplir, los poderes públicos deberán tener muy presente el papel protagonista que tienen las familias, como reconocen los profesionales que han venido desarrollando su labor durante estos años (también durante el cuatripartito) en estas materias en los centros educativos navarros.
Es deber y obligación de los padres y tutores legales de los escolares, mientras estos sean menores de edad, marcar las pautas de comportamiento y aprendizaje de sus hijos. Les amparan la Constitución Española -en su artículo 27, recogido en el apartado de los derechos fundamentales y de las libertades públicas- y la Declaración Universal de los Derechos Humanos – artículo 26, al referirse al derecho preferente de los padres a escoger el tipo de educación que habrá que darles a sus hijos-. Normas que han de ser respetadas porque son las que garantizan que se respeten los derechos de los ciudadanos, en este caso, de los españoles.
Por ello, debe establecerse, con arreglo a criterios jurídicos y de manera adecuada, la normativa que se va aplicar. También los objetivos que deben guiar la coeducación y que podrán implantarse en todos los centros escolares, independientemente de su naturaleza. Junto a ello, el Departamento de Educación deberá ser muy cuidadoso en seleccionar adecuadamente los recursos humanos y materiales que se pretenden utilizar. No se puede caer, en ningún caso, en la imposición u obligación de planteamientos dirigidos en una línea determinada o con unos postulados ideológicos también muy concretos. Algo que está ocurriendo en estos momentos con partes del programa de coeducación que el Departamento ha denominado Skolae.
Tiene que quedar claro que deben existir programas de coeducación, y que debe ser el Departamento de Educación quien los coordine, como debería liderar otros -Programa de Aprendizaje en Inglés (PAI), acoso escolar, agresión a docentes, etc., y que, intencionadamente y por intereses políticos, en algunos casos no está haciendo-. El Departamento también deberá respetar el papel principal de las Apymas de los centros educativos, en general, y los padres y tutores de los alumnos en particular. Su participación y beneplácito es obligatorio. En caso contrario, el fracaso, la confrontación y la vulneración de sus derechos están garantizados.
A los grupos que pretenden enarbolar cierta bandera de un progresismo mal entendido, les debe quedar muy claro que los hijos, sobre todo si son menores, no son del Estado, los hijos son de los padres y tutores y ellos son los máximos responsables de su educación.
Diario de Navarra – 2/11/2018
