La presidenta de UPN y candidata al Gobierno de Navarra, Cristina Ibarrola, ha afirmado que “la ley de industria de Chivite es una coartada para tapar siete años de inacción”.
Ibarrola ha criticado que estamos ante una ley “ambigua”, “tardía”, “incompleta” y “sin compromisos presentada al final de la legislatura”. “Chivite intenta convertir sus deberes pendientes en anuncios de final de legislatura. Lo mismo que está haciendo con otros ámbitos como la salud, las ayudas al sector primario, la vivienda o la emancipación juvenil”, ha señalado.
Así, ha rechazado que la ley formule solo objetivos, pero no obligue al Gobierno a concretar “cómo, cuándo y con qué recursos cumplirá”.
Por ello, la ha calificado de “ley escaparate”. “Nuestra industria necesita certezas, agilidad administrativa, energía a precios competitivos, suelo disponible, infraestructuras estratégicas, atraer y retener talento, formación adaptada a las necesidades productivas, seguridad jurídica y una fiscalidad que permita competir. Ninguno de esos problemas se resuelve con declaraciones genéricas ni con artículos que dejan las decisiones importantes para más adelante”, ha aseverado.
“Frente a la ley de titulares del Gobierno, proponemos una ley de compromisos efectivos, ha dicho. Nuestras enmiendas convierten las buenas palabras en obligaciones concretas”, ha destacado antes de pasar a explicarlas.
En agilización administrativa, la presidenta de UPN se ha comprometido a que los proyectos empresariales de interés estratégico cuenten con una resolución en un periodo máximo de tres meses. Y ha detallado que “eliminamos los umbrales desproporcionados de 50 millones de euros de inversión y creación de 100 empleos directos, que dejarían fuera a buena parte de los proyectos relevantes para Navarra. Y también evitamos vetos a proyectos empresariales de interés estratégico por parte de ayuntamientos que con la ley presentada podrían bloquear iniciativas estratégicas sin una justificación proporcionada”.
Ibarrola ha propuesto “convertir el silencio administrativo en positivo” ante el incumplimiento de plazos de respuesta por la administración y crear una “ventanilla única para todas las empresas, con especial atención a pymes y autónomos, y no solo a los grandes proyectos declarados estratégicos”.
Además, ha afeado que “la ley se ha olvidado de impulsar una política industrial que llegue a todas las comarcas mediante suelo, conectividad física y digital, formación adaptada a las necesidades del tejido productivo, facilidades de acceso a vivienda, garantía de servicios públicos de calidad e incentivos fiscales vinculados a las necesidades reales de cada zona”.
Tipos impositivos competitivos e incentivos para atraer y retener talento
En materia de fiscalidad, ha abogado por tipos competitivos e incentivos para atraer y retener talento, implantar empresas en todas las zonas de Navarra, promover sectores estratégicos y favorecer nuevas actividades empresariales. Y ha exigido “creación efectiva, dotación económica y reglas transparentes de funcionamiento” para el fondo de industrialización anunciado.
Asimismo, ha propuesto eliminar la obligatoriedad de realizar planes de descarbonización, “ya que ninguna Comunidad Autónoma lo exige”, y sustituirlos por “incentivos, asesoramiento y acompañamiento, sin rebajar objetivos ambientales”.
Ha enumerado también diferentes planes “elaborados en un plazo máximo de 6 meses” frente a la inconcreción del proyecto del gobierno: de arraigo empresarial; de generación, retención y atracción de talento; para reducir costes energéticos: un plan territorial de suelo e infraestructuras industriales por zonas de Navarra; y un plan de transición digital enfocado especialmente a pymes y autónomos y que incluya incentivos fiscales para su desarrollo.
En cuanto al diálogo social, ha anunciado que UPN incorpora “expresamente” el Consejo del Diálogo Social como órgano permanente de colaboración entre la Administración, el sector empresarial y los sindicatos.
El departamento que menos crece en presupuesto
Ibarrola ha manifestado que Chivite presenta una ley al final de la legislatura y “pretende que olvidemos su balance”. A este respecto, ha recordado que “desde 2019, se han marchado de Navarra 173 empresas más de las que han venido. Nuestra industria ha retrocedido en términos reales un 3,5%, dato peor que la media española y peor que comunidades vecinas como la CAV, La Rioja o Aragón”.
Además, ha señalado que “en 2025 un total de 7.867 trabajadores navarros estuvieron afectados por ERTE. Representan el 10,5% de la afiliación industrial de Navarra y el 14,7% de todos los afectados de la industria española”.
“Industria es el Departamento que menos crece en presupuesto. No parece que sea una apuesta estratégica”, ha criticado. Y ha concluido que el compromiso de UPN es aprobar los principales planes estratégicos y la normativa necesaria “durante el primer año tras llegar al gobierno, en industria y en todos los demás ámbitos que preocupan a los navarros, con presupuesto, calendario e indicadores de resultados que haremos públicos”.
