La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha estimado un recurso de Unión del Pueblo Navarro por el cual ha declarado nula de pleno derecho la reiterada negativa del consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, a facilitar información al Parlamento, por infringir el derecho fundamental a la información establecido en el artículo 23 de la Constitución española.
“Se trata de un nuevo revés judicial que ahonda más en la sucesión de ilegalidades cometidas por el Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra”, han criticado desde la formación foralista.
UPN ha explicado que el parlamentario de su formación, Juan Luis Sánchez de Muniáin, al amparo del reglamento del Parlamento, solicitó disponer de las alegaciones presentadas al PSIS del TAV que, como es sabido, entre otras finalidades, contempla la construcción de más de 12.000 viviendas, la mitad de ellas protegidas.
El referido plan, han recordado los foralistas, “se encuentra sin ver la luz durante más de diez años debido principalmente a la imposición de EH Bildu, que se opone al mismo e impone su criterio a los responsables del gobierno de Chivite”.
Una vez reanudada su tramitación, UPN solicitó por información parlamentaria disponer de las alegaciones al referido plan hasta en tres ocasiones: una solicitud, un requerimiento escrito y una pregunta en pleno. “En todas ellas, el consejero Óscar Chivite se negó a facilitar la información”, han lamentado.
Ante esta clara ilegalidad, UPN acudió a los tribunales para interponer el consiguiente recurso, el cual ha sido estimado íntegramente por el TSJN, que anula la denegación e impone condena en costas al gobierno de Navarra por la infracción legal.
Para UPN, “es un atropello más cometido por el consejero que mayor número de ilegalidades está incurriendo bajo la responsabilidad de la presidenta María Chivite”. Cabe recordar que el consejero de Cohesión territorial se encontraba ya en una situación de ilegalidad en el momento de tomar posesión por mantener la administración de una empresa de su propiedad que recibía adjudicaciones del departamento del que era responsable.
Además, “es responsable del Departamento que gestiona todas las implicaciones del ‘caso Belate’, el cual acumula de forma continua una sucesión de negligencias, ilegalidades y sospechas ligadas al caso Cerdán”, han señalado.
UPN ha concluido exigiendo al gobierno de Chivite que cumpla de inmediato la sentencia condenatoria y facilite la información que oculta de forma ilegal. Asimismo, los foralistas se han preguntado “cuáles son las razones por las que María Chivite sigue confiando en Óscar Chivite para dirigir el Departamento que más dinero maneja en adjudicaciones públicas repletas de sospechas y actuaciones al margen de la ley”.
