UPN ha acusado al Gobierno de Chivite de estar transmitiendo una “información deliberadamente confusa” a inquilinos de viviendas con contratos de alquiler público.
Así, los foralistas han denunciado que el Departamento de Vivienda que dirige la consejera Alfaro “está apresurándose a enviar escritos a los inquilinos que figuran en el registro con el fin de inducirles a exigir la prórroga extraordinaria de los contratos que recoge el Real Decreto Ley 8/2026 aprobado por el gobierno de Sánchez a instancias de Sumar”.
“A pesar de su entrada en vigor, los efectos de este Decreto son cuando menos controvertidos a la vista de que es necesaria su convalidación por la mayoría del Congreso de los diputados, un hecho que es prácticamente imposible que se produzca a la vista de los pronunciamientos contrarios al mismo mantenido por la mayor parte de los partidos con representación en las Cortes Generales”, han aclarado.
Por ello, han rechazado que en un ámbito tan sensible como el alquiler de vivienda “se añada de nuevo más desconfianza e inseguridad jurídica”.
UPN, en contra del decreto
UPN ha avanzado que votará en contra de la convalidación de un decreto que “solamente responde a intereses simplistas y sesgados a costa de añadir más obstáculos al mercado de alquiler y mayor desprotección para propietarios arrendadores. De nuevo, son medidas que provocan fuga de contratos de alquiler”.
Asimismo, han criticado que “los mismos partidos que promueven la prórroga desprotejan en Pamplona a inquilinos de viviendas municipales”. “Al aplicar el cobro de una tasa en lugar de una renta de alquiler, el Ayuntamiento de Pamplona puede acudir al desahucio con un procedimiento más sencillo y cómodo que el resto de los propietarios privados que han de cumplir en su integridad la Ley de arrendamientos y la ley foral de vivienda. No puede haber mayor incoherencia”, sostienen.
“Estos hechos siguen mostrando que tanto los gobiernos de Chivite y Bildu continúan moviéndose en la propaganda y la incoherencia al tiempo que desatienden la demanda de vivienda protegida que continúa creciendo a pasos agigantados y que va a superar las 25.000 unidades familiares”, han concluido.
