UPN ha defendido que “la moratoria aprobada el pasado jueves en el Parlamento de Navarra paraliza de forma inmediata varias plantas en fase inicial, que son la inmensa mayoría”.
La formación foralista ha salido al paso de “falsedades vertidas desde plataformas politizadas como las Plataformas Navarras Stop Biometanización, que mienten cuando dicen que la moratoria no suspende proyectos”.
Así, sostienen que “la única moratoria viable para las plantas de biometano, jurídicamente sólida y eficaz para suspender proyectos en fase temprana sin poner en riesgo la seguridad jurídica, ni la seguridad administrativa, ni la responsabilidad patrimonial de la Comunidad Foral, es la única que logró salir adelante el pasado jueves en el Parlamento de Navarra”.
UPN considera que las citadas plataformas también mienten cuando dicen que la propuesta aprobada es para “salvar plantas”. “UPN no ha salvado ninguna planta. Las que no se han podido parar ya tenían los permisos firmados por el Gobierno de Navarra, y, por tanto, si hay plantas que siguen, la responsabilidad es del Gobierno, no del Parlamento”, han aclarado.
Asimismo, han añadido que “mienten al ocultar que su propuesta era ilegal. Su texto planteaba una retroactividad sin base legal ni técnica, vulnerando derechos adquiridos, lo que podía derivar en indemnizaciones millonarias y recursos judiciales muy previsibles. Una trampa populista, jurídicamente insostenible”.
“Así lo advirtieron tanto los servicios jurídicos del Parlamento como los del propio Gobierno de Navarra”, aseveran.
Los foralistas han responsabilizado al Gobierno de haber otorgado autorizaciones clave “sin diálogo vecinal”. Ellos son los únicos responsables de haber permitido que ciertos proyectos hayan llegado a un punto de no retorno”, han criticado.
“Frente a todo esto, la enmienda de UPN -han explicado- permitió establecer una moratoria sobre todos los proyectos que no hayan alcanzado hitos administrativos clave, protegiendo así a decenas de localidades rurales que aún no han sido consultadas ni escuchadas y dotando al Gobierno de una herramienta eficaz para ordenar el despliegue del biometano en Navarra con participación social y territorial”.
En este sentido, han destacado que, “por primera vez, la participación vecinal y territorial será vinculante para el futuro de estos proyectos a través de la creación de una mesa intersectorial donde estén representados ayuntamientos, entidades locales, valles y vecinos, tal y como se recoge en el artículo 3”.
Por último, han exigido “responsabilidad a quienes, desde plataformas politizadas y con intereses partidistas, siguen generando alarma social con informaciones falsas”.
“Si no se hubiera aprobado la enmienda de UPN, no habría ninguna suspensión. Si el Gobierno de Navarra hubiera actuado antes, algunas plantas no tendrían derechos adquiridos. Y, si algunas plataformas dejasen de hacer política con este tema, la ciudadanía tendría menos confusión y más certezas”, han concluido.
