UPN ha preguntado al vicepresidente Laparra cuáles son los motivos por los que distintas entidades locales se han visto perjudicadas en la resolución de la convocatoria del Programa de Empleo Social Protegido, “sufriendo un recorte importante en la financiación y el número de meses que tienen para contratar a personas en situación de exclusión social”.
Los regionalistas se han referido, por ejemplo, al caso de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Peralta, que engloba los municipios de Peralta, Falces, Funes y Marcilla, y que “ha sufrido un recorte de un 26%, habiéndosele concedido este año un total de 79 meses de empleo frente a los 107 que se le concedieron en 2017”.
Para UPN, “llama la atención este recorte cuando están en constante aumento las unidades perceptoras de Renta Garantizada en dicha Mancomunidad y en otras”. En concreto, han apuntado, en 2015 había 292 unidades perceptoras y hoy hay 340. “Es el mundo al revés y da muestra de la errática política que está llevando a cabo el cuatripartito”, ha manifestado.
La formación regionalista ha denunciado que, “en un contexto como el actual de recuperación económica y de empleo global, esta recuperación no está llegando a los perceptores de renta garantizada, que siguen en la misma situación y no están teniendo oportunidades de acceder al empleo”.
“Resulta incomprensible que, independientemente de los criterios de valoración que ponga en marcha el Departamento, se estén recortando programas de empleo para estas personas en zonas concretas.”, ha enfatizado.
Por este motivo, UPN ha solicitado información al Departamento para conocer si se han cambiado los criterios de concesión de las subvenciones de Empleo Social Protegido para el ejercicio 2018.
Además, han pedido información detallada de las entidades locales que se han visto perjudicadas respecto a la resolución de subvenciones de 2017.
