UPN ha destacado que “la Cámara de Comptos ha puesto en el foco a Servinabar, empresa clave de la presunta trama de corrupción que se está investigando por la UCO”. Asimismo, ha afirmado que el órgano fiscalizador “confirma la oscuridad con la que se ha permitido actuar en Navarra a las empresas de Antxon Alonso y Cerdán”.
El partido regionalista considera que “los extraños movimientos en su participación en las diferentes UTEs son muy reveladores del papel que jugaban Alegure y Servinabar para conseguir las adjudicaciones, presentándose con un porcentaje mayor para luego, una vez conseguida la adjudicación, reducirla a tan solo un 0,01%, lo que sugiere de forma muy clara que Servinabar estaba ahí porque era importante para obtener la adjudicación e irrelevante para la ejecución del contrato”.
A este respecto, UPN se ha preguntado “si ha sucedido lo mismo en el caso de la UTE para las obras de la duplicación de los túneles de Belate”. “Algo que Chivite se ha encargado de que no sepamos porque ha impedido expresamente a Comptos llevar a cabo la fiscalización”, ha criticado.
Para la formación foralista, el hecho de que, como señala Comptos, las cuentas anuales de Servinabar no incluyan los ingresos y gastos derivados de su participación en las UTEs analizadas, contrariamente a lo establecido en la normativa contable, “son una muestra más de la opacidad que le caracteriza y que le ha permitido campar a sus anchas. Lo mismo puede decirse respecto a los cuestionamientos que hace del personal aportado, lo que muestra que funcionaba como una mera tapadera para conseguir las adjudicaciones. Cabe recordar también que las escrituras de constitución de la UTE no decían en muchas ocasiones qué iba a hacer cada una de las empresas y que Servinabar casi no aportaba personal”, añaden.
Así las cosas, desde UPN afirman que “los informes tanto de Comptos como de la Oficina Anticorrupción avalan que, con diferente alcance, hay deficiencias e incumplimientos legales en la mayor parte de las adjudicaciones”.
Ausencia de Belate
Por otro lado, el partido foralista considera “muy significativo” que María Chivite excluyera “expresamente”, tal y como Comptos subraya en su informe, la fiscalización de las obras de duplicación de los túneles de Belate del encargo que realizó a la Cámara. “Parece que a Chivite no le interesa una investigación a fondo de la adjudicación más polémica de todas las realizadas a la empresa de su amigo y mentor, Santos Cerdán”, han afirmado.
“Belate es una adjudicación de 76 millones de euros, el resto de los contratos supone 26,8 millones. Es la operación pública más jugosa”, señalan.
Así, han subrayado que “Comptos no ha fiscalizado el expediente completo de Belate, ni tan siquiera ha hecho un informe específico, sino que lo incluyó dentro del informe de las Cuentas Generales de 2023 y que, además, en ese momento no disponía de toda la documentación que sí se ha conocido con posterioridad”.
Además, sostienen, “llama la atención que, sin embargo, en el caso de la licitación, adjudicación y ejecución del contrato de la adecuación del Navarra Arena, pese a que ya se incluyó en el informe de las Cuentas Generales de 2018, María Chivite si solicitó que se fiscalizara de nuevo de manera específica”.
Afirmaciones de extrema gravedad
UPN considera “de extrema gravedad” algunas de las afirmaciones que hace la Cámara de Comptos en relación con los contratos que sí ha fiscalizado.
Entre otras, la falta de documentación relevante tanto en el expediente del contrato de la construcción del colegio público de Arbizu o en el de la construcción de las 62 VPO de Nasuvinsa. En relación con este último, la Cámara de Comptos cuestiona que no se hubiera excluido a dos de las tres licitadoras, entre ellas la UTE Acciona-Servinabar, que no haya actas o que no se incluyera a ningún representante de la Junta de Contratación Pública como debiera haber hecho.
Por último, para UPN, “el informe denota una dejadez total por parte del Gobierno a la hora de controlar el correcto cumplimiento de los criterios sociales y de las subcontrataciones a Centros Especiales de Empleo, dando muestra del interés real que el Gobierno de Chivite da a estas cuestiones”.
“Además, ni siquiera ha aplicado en todos los casos las penalidades que por Ley debería aplicar por haber incumplido las obligaciones establecidas en el contrato, que es grave porque se está perjudicando a las arcas públicas”, concluyen.
