El grupo municipal de UPN de Villafranca ha recurrido ante el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) la “denegación de información por parte de la alcaldesa del número de abonados de las piscinas que cumplimentaron un documento emitido por el Ayuntamiento que pretendía que los padres identificaran a sus hijos menores, que asumieran la responsabilidad sobre ellos, y que exoneraba al ayuntamiento en caso de accidente”. UPN quiere conocer si los datos sobre documentos firmados que hizo públicos la alcaldesa en un pleno coinciden con los del expediente.
El Ayuntamiento de Villafranca, durante el verano, entregó un documento a la entrada del recinto en el que los padres usuarios de las piscinas debían identificar a sus hijos, asegurar que conocen las normas de las piscinas, que conocen su responsabilidad con los hijos menores, y que conocen el riesgo de dejar a un menor solo en la piscina. La carta emitida por la alcaldesa exoneraba al Ayuntamiento de cualquier responsabilidad de cualquier accidente ocurrido a los hijos por dejación de esa responsabilidad. Asimismo, el Ayuntamiento hacía constar que los menores que no aportaran el documento no podrían entrar solos en las piscinas, negándoles el acceso.
UPN de Villafranca señala que “obviamente no todos cumplieron esa exigencia, que se hacía una vez comprados los abonos y sin soporte en ley u ordenanza alguna. Y la alcaldesa, en un pleno de agosto declaró que un elevado número de personas habían cumplido con lo requerido en la carta, información que solicitamos y que a día de hoy no tenemos porque nos la ha denegado”.
“Con el fin de probar la falsedad de los datos aportados por la alcaldesa solicitamos por instancia el acceso a la información, porque queremos demostrar la falsedad y el incumplimiento de su propia instrucción”, señalan los concejales regionalistas.
El grupo municipal de UPN afirma que “no es de recibo la denegación de esta información, e incluso que el 27 de agosto nos diga que tenemos que justificar la necesidad de la información, cuando sabe que los concejales tienen el derecho de acceso a los datos, sin justificar por qué la necesitamos”.
