UPN ha afirmado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que ha condenado al Gobierno de Navarra por denegar a la parlamentaria Cristina Ibarrola información relacionada con el caso de las mascarillas, adquiridas en virtud de un Acuerdo entre SODENA, Albyn Medical y la CEN, es “una muestra más de que el Gobierno de Chivite tenía mucho que ocultar en relación con este expediente en particular y con la gestión de la compra de EPIS en la pandemia en particular”.
A este respecto, desde el partido regionalista han recordado que la parlamentaria solicitó el 22 de diciembre de 2022 una copia de los papeles de trabajo del Servicio de Auditoría en Intervención en los que, según manifestaciones del consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, se contenían indicios de delito y de responsabilidad contable relacionadas con este Acuerdo. Dichas manifestaciones “resultaron ser ciertas, según se pudo comprobar a raíz de una comparecencia del director general de Intervención, a pesar de lo cual desde el Gobierno de Navarra impidieron el acceso a esos papeles con el pretexto de que la información era reservada”, han explicado.
“Ahora, el TSJN reconoce que nuestra parlamentaria tenía derecho a acceder a esos papeles, declara nula de pleno derecho la denegación de la esa información que vulneró su derecho a ejercer el control del Gobierno y condena en costas al propio Gobierno”, han añadido.
Este reconocimiento “no sólo es una prueba más del oscurantismo con el que ha venido operando el Gobierno de Navarra durante toda la anterior legislatura, de manera especial con el caso de las mascarillas, sino que en este caso es especialmente grave al haberse apreciado por los auditores indicios de responsabilidad contable o de delito en el proceder del Gobierno y no haberse remitido el expediente por la consejera de Economía y Hacienda a la Fiscalía como prescribe la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, han apuntado.
Finalmente, concluyen que “la mayor obsesión del Gobierno de Chivite durante los últimos cuatro años ha sido entorpecer nuestra labor de oposición y negarnos información para que la sociedad navarra no pudiera conocer sus tejemanejes y sus vergüenzas, pero esta sentencia evidencia que no son impunes y que van a tener que seguir dando explicaciones a la sociedad navarra por un caso en el que hay que recordar que se perdieron casi dos millones de dinero público”.
