UPN ha denunciado que “el Gobierno de Chivite pretende eliminar la lista de demandantes de vivienda con el pretexto de establecer nuevos requisitos para el acceso a la misma, según se desprende del denominado proyecto de ley sobre vivienda asequible impulsado junto con EH Bildu”.
“Van a elaborar un nuevo censo a partir del mes de marzo de 2026. De esta forma, el gobierno de Chivite persigue camuflar la creciente lista de más de 20.800 unidades familiares que actualmente están esperando una vivienda protegida”, han criticado los regionalistas, que consideran que “esta medida es una artimaña para camuflar el creciente problema de vivienda y un castigo para quienes llevan años esperando que el Gobierno les facilite una vivienda protegida”.
Además, agregan, “pretenden establecer la obligación de renovar cada dos años todos los trámites burocráticos y administrativos para que las personas demandantes puedan continuar en el registro si no les han adjudicado vivienda protegida”.
Estas previsiones contenidas en el proyecto de ley han llevado a los regionalistas a plantear enmiendas “para que no se modifique la actual lista y que sea la administración la encargada de comprobar y actualizar los datos de los inscritos en lugar de hacer recaer sobre ellos esta injusta obligación”.
UPN plantea, además, en relación con el alquiler, que no se elimine la opción de compra, o que se supriman artículos que desprotegen todavía más al posible arrendador al calificarlos ahora como posibles “acosadores inmobiliarios” de una “manera indeterminada y subjetiva, creando más inseguridad jurídica”.
Asimismo, proponen que el arrendador pueda seguir gestionando las fianzas en lugar de ponerlas en manos del gobierno o que no se establezca un precio único de alquiler asequible sin distinguir tan siquiera en qué lugar de la Comunidad foral se ubica la vivienda.
En materia de rehabilitación de viviendas, presentan modificaciones a la ley ante las nuevas exigencias de disponer de un patrimonio no superior a 100.000 euros para el acceso a toda subvención o el bajo límite de presupuesto subvencionable, “requisitos estos que en la práctica van a imposibilitar la rehabilitación de un extenso número de viviendas”.
Regular las llamadas entidades colaboradoras urbanísticas
Por otro lado, UPN plantea una “detallada regulación de las llamadas entidades colaboradoras urbanísticas, una figura que ya opera en otras comunidades y que es demandada por diversos sectores profesionales ante los insoportables plazos para obtener una licencia urbanística debido a la tardanza de las administraciones”. Los regionalistas advierten que “es inaudito que lleve más tiempo obtener una licencia que construir el correspondiente edificio de viviendas”.
“Con las 14 enmiendas presentadas pretendemos, al menos, corregir una deriva que está colocando a la Comunidad Foral como uno de los territorios en los que más difícil es satisfacer el derecho a una vivienda digna. Cada vez más ciudadanos permanecen años a la espera sin que la administración foral consiga siquiera reducir el problema. Aunque ahora pretenda camuflarlo”, han concluido.
