UPN ha acusado a la consejera Esnaola de ocultar durante cinco meses el informe de la Intervención General por el cual se obligaba al Departamento de Cultura, Deporte y Turismo al reintegro de parte de la subvención que había concedido a Sendaviva por incurrir en indicios de fraccionamiento indebido de contratos.
Se trata de un informe iniciado en el mes de octubre del pasado año y cuya existencia se conoció el pasado 13 de febrero en una comparecencia parlamentaria, pero que, de momento, no se ha hecho público.
Para UPN, “casi ocho meses después de disponer de conocimiento público de las presuntas ilegalidades referidas al fraccionamiento de contratos de obras en Sendaviva, y tras eludir explicaciones ante el pleno del Parlamento de Navarra, la revelación por la propia consejera de la existencia de dicho informe ha situado los hechos en una posición todavía más preocupante”.
Como se recordará, el fraccionamiento de contratos, prohibido por ley, fue denunciado por Unión del Pueblo Navarro ante la Oficina Anticorrupción y derivó en una resolución que confirmaba los indicios de veracidad de la denuncia y señalaba, además, otras posibles ilegalidades, las cuales dieron lugar a la apertura de un expediente de investigación.
“A estos indicios se suma ahora el interés del Gobierno de Chivite en ocultar el expediente de Intervención, a pesar de que revela una información relevante respecto de la actuación del Gobierno en materia de contratación pública”, han señalado.
Además, el partido foralista ha explicado que “en el transcurso de la comparecencia del pasado día 13, tras ser requerida para facilitar una copia, la consejera se negó a hacerlo, pese a que traía el informe e incluso leía fragmentos, bajo el pretexto de que se acudiese al correspondiente trámite parlamentario”.
A este respecto, cabe señalar que tal documentación, de conformidad con la Ley foral de Transparencia, debe ser publicada en el portal de Gobierno Abierto, “obligación que el gobierno de Navarra también ha incumplido”.
Ante ello, además de solicitar con urgencia copia del expediente, UPN ha denunciado los hechos ante el Consejo de Transparencia para exigir que el Gobierno cumpla con su obligación legal. Asimismo, ha preguntado al consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, como responsable de la Intervención, los motivos por los cuales ha eludido hacerlo.
Para UPN, “este empeño en ocultar información sobre este asunto del posible fraccionamiento ilegal de contratos que benefician a la empresa Adentro Construimos como adjudicataria de todos ellos coloca a la Consejera Esnaola y al propio Gobierno de Chivite bajo una sospecha cada vez más agravada”.
