UPN ha señalado que la Cámara de Comptos ha reconocido que, dos años después de que el Gobierno de Navarra realice el gasto de 78 millones de euros en compras y suministro de bienes y servicios para atender la emergencia de la COVID 19, tan solo se ha cumplido con la obligación de formalizar los expedientes de contratos con empresas por valor de 19,4 millones de euros.
Esta información se ha dado a conocer durante la comparecencia del presidente del órgano fiscalizador, Ignacio Cabeza, en el Parlamento de Navarra para presentar el informe sobre las cuentas generales de Navarra en el año 2021 y a respuesta de una pregunta formulada por el parlamentario Juan Luis Sánchez de Muniáin.
Desde la formación regionalista se recuerda que “la Cámara de comptos, en su informe de abril de 2021, ya advirtió que el Gobierno de Navarra tenía pendiente de cumplir con la obligación legal de formalizar la mayor parte de los contratos derivados de la COVID, ya que tan solo podía constatar que se había justificado el gasto por valor de 16 millones de euros de los 78 millones empleados”.
“Un año después de dicho informe siguen sin cumplir esta obligación legal que, además, es imprescindible para poder proceder a una fiscalización real y transparente”, destacan.
“Otro flagrante incumplimiento legal del Gobierno de Chivite”
Los regionalistas han denunciado que “hoy se destapa otro flagrante incumplimiento legal del Gobierno de Chivite en materia de contratación pública. Dos años después de concluida la situación de emergencia no se puede conocer cómo se han adjudicado más de 58 millones de euros y esto es así porque el Gobierno de Chivite se resiste a cumplir la ley y a ofrecer la información para que pueda ser fiscalizada”.
Además, añaden, “a esto hay que añadir los incumplimientos en materia de transparencia. El gobierno se resiste a facilitar la información relativa a las irregularidades señaladas por la Intervención en materia de contratación como le ha recordado el Consejo de Transparencia de Navarra en dos resoluciones”.
Y recuerdan que, entre los contratos relativos a la gestión de la COVID, “la Cámara de Comptos ya advirtió que figuraba, al menos, uno relativo a la compra de mascarillas con un reparo de Intervención que resultó ser el relativo a la empresa Efficold, cuya vinculación con el caso de las mascarillas de Sodena arroja evidencias más que razonables”.
Por ello, UPN ha criticado que “cada vez que un órgano de control examina la gestión de contratos del gobierno, se destapa una nueva irregularidad, lo cual confirma tanto la irregular gestión del gobierno y su empeño por ocultarla”.
