(UPN/24.1.2011) El diputado de UPN, Carlos Salvador, ha registrado cuatro preguntas al Gobierno, para su respuesta por escrito, así como una solicitud de informe con motivo de la publicación por parte del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad del Anteproyecto de Ley de Igualdad de Trato y la No Discriminación, cuyo artículo 16.2 establece que en ningún caso los centros educativos que excluyan del ingreso en los mismos a grupos o personas individuales por razón de alguna de las causas establecidas en esta ley podrán acogerse a cualquier forma de financiación pública.
Así, Salvador ha preguntado al Gobierno si cree que existe “algún informe comparativo serio que demuestre que la escolarización en centros de educación diferenciada esté conduciendo a resultados educativos menos inclusivos y menos favorecedores de la igualdad entre sexos que en los centros mixtos” y le ha instado a que los haga públicos, en su caso.
En esta línea, ha solicitado al Gobierno los estudios comparativos o informes elaborados a instancia del Ministerio de Educación o bien directamente por el propio Ministerio “que demuestren que la escolarización en centros de educación diferenciada está conduciendo a resultados educativos menos inclusivos de la igualdad entre sexos que la realizada en centros mixtos”.
El diputado de UPN también quiere saber si “está pensando el Gobierno en utilizar este artículo 16.2 contra los padres y madres que, de acuerdo con sus convicciones pedagógicas, han elegido para sus hijos e hijas colegios concertados de educación diferenciada, privándoles del ejercicio de un derecho garantizado por nuestra Constitución, al eliminar la financiación que recibe estos centros a través de los conciertos que mantienen con las administraciones educativas de la Comunidades Autónomas”.
Salvador señala asimismo que ningún Estado democrático desarrollado excluye a los centros privados de educación diferenciada de la financiación pública que tengan establecida para los centros privados en general. En EEUU, añade, “existen centros públicos de educación diferenciada desde 2002 con excelentes resultados académicos”, por lo que pregunta al Gobierno central “cómo justifica esta decisión que nos aleja de lo que hacen los países de nuestro entorno sociocultural”.
Igualmente, Salvador ha preguntado al Gobierno “cómo situaría esta Ley y las medidas que conlleva en relación con los países avanzados de nuestro entorno cultural, que han encontrado en el modelo pedagógico de la educación diferenciada un apoyo a la mejora del sistema educativo”.
