La presidenta de Unión del Pueblo Navarro, Cristina Ibarrola, ha criticado que el decreto por el que se aprueba la regularización extraordinaria de migrantes, publicado esta mañana en el BOE, “es el reconocimiento, aunque no lo diga con esas palabras, del fracaso estructural de la política migratoria del Gobierno. El problema no es la medida, sino cómo se ha hecho. Esto no es política migratoria, es la consecuencia de no haberla tenido”.
Para la líder de la formación foralista, este proceso es consecuencia de “años de improvisación, años sin acuerdos de retorno efectivos, años sin invertir en capacidad real de acogida e integración. Y el resultado de todo ello es una bolsa de irregularidad tan grande que el único instrumento que les ha quedado es este, un decreto de emergencia que no es más que un parche sin consenso, sin pacto, sin recursos y sin ninguna solución real para mañana”.
En ese sentido, ha puesto en foco en lo que pasará una vez que acabe el proceso de regularización. “El 30 de junio cierra el plazo para solicitar estas autorizaciones de las personas que cumplen los requisitos exigidos. ¿Y qué pasará con los que han entrado desde el 1 de enero de este año 2026? ¿Y con las personas que lleguen a partir de entonces? ¿Habrá otro decreto extraordinario dentro de dos o de cuatro años?”, se ha preguntado Ibarrola, quien ha señalado que “esto no es una solución, es el anuncio de que el problema se va a repetir.”
La presidenta de UPN ha lamentado especialmente que el decreto se haya aprobado sin contar con las comunidades autónomas, “que son quienes gestionan la integración, los servicios sociales o la escolarización”. A su juicio, “Navarra va a tener que asumir consecuencias de una decisión en la que no ha sido consultada de verdad. Resulta incomprensible que no se haya valorado el impacto que tendrá esta regularización en sistemas ya saturados como la sanidad y la vivienda. Eso no es cogobernanza, es imposición”.
A esto se suma, ha continuado, la saturación de las propias oficinas de Extranjería, “que están al límite, con trabajadores en huelga y plazos concentrados que pueden colapsar aún más el sistema”. La líder de UPN también se ha mostrado preocupada con los requisitos para acogerse a la regularización: “¿De verdad cinco meses en España garantizan integración? ¿De verdad un concepto tan abierto como ‘vulnerabilidad’ asegura que hablamos de casos justificados? Porque si no hay criterios claros y exigentes, esto deja de ser una política seria y podría convertirse en un coladero. El propio Consejo de Estado ya ha advertido riesgos en este proceso. España necesita una inmigración ordenada, con control y con garantías. No decisiones improvisadas que luego pagamos todos”.
Por todo ello, Ibarrola ha reclamado “un gran pacto de Estado en materia migratoria, con todas las fuerzas políticas, agentes sociales y con las comunidades autónomas para abordar los acuerdos de retorno, la gestión de flujos, la integración real o los recursos para los territorios”.
“Desde UPN lo decimos con claridad: la inmigración es un fenómeno complejo, que tiene dimensiones humanitarias reales, que tiene consecuencias económicas y sociales que hay que gestionar bien, y que merece una política seria, no decretos de urgencia aprobados en solitario y con el ojo puesto en las encuestas”, ha concluido Ibarrola.
