El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Tafalla informa de la aprobación de un crédito extraordinario para hacer frente a la indemnización de una trabajadora que recurrió la decisión del alcalde de contratar a otra persona como asesor jurídico del consistorio tafallés. El equipo de gobierno deberá abonar, tras la sentencia firme a favor de la recurrente, un total de 26.300 euros.
La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº3 de Pamplona anuló en mayo el proceso de contratación de una plaza de asesor jurídico en el Ayuntamiento de Tafalla en septiembre de 2015. La citada sentencia señaló que el consistorio, presidido por Arturo Goldaracena (Bildu), al quedar vacante la plaza debería haber acudido a la lista de aspirantes a la contratación para ese puesto, y no lo hizo, por lo que la contratación de otra persona en su lugar no resulta conforme a derecho.
UPN informa también de que la sentencia confirma que el Ayuntamiento pretendió saltarse procedimientos para acreditar como secretario a una persona que no estaba habilitada para ello. El fallo considera que “no era procedente tampoco” que el Ayuntamiento acudiera al proceso para la provisión de plazas vacantes en las secretarías de entidades locales, y que “no se realizó con intervención del Gobierno de Navarra como es preceptivo”.
El grupo municipal de UPN critica “el despilfarro económico que sufre el Ayuntamiento tras varias sentencias perdidas”, cuyo coste han exigido conocer. Para los concejales regionalistas, “es hora de que Bildu e IE se pongan a trabajar por la ciudad y de que gestionen el dinero público en la mejora de servicios y no en pagar sentencias condenatorias”.
