Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha exigido al Gobierno de Navarra que retome y ejecute de forma inmediata el proyecto de ampliación del puente en la carretera NA-660 entre Marcilla y Villafranca, una infraestructura prometida y paralizada desde la pasada legislatura. Los alcaldes y alcaldesas de la zona, pertenecientes a UPN, denuncian “su exclusión sistemática de las reuniones clave por motivos políticos y reclaman una actuación urgente y sin sesgos partidistas”.
UPN ha denunciado lo que considera un “desprecio continuo” por parte del Ejecutivo foral hacia sus alcaldes, después de que se celebrara una reunión sobre el puente el pasado miércoles sin contar con los representantes municipales afectados, todos ellos de UPN. En el encuentro participaron únicamente miembros del PSN y del Departamento de Cohesión Territorial.
“Esta exclusión deliberada vuelve a poner de manifiesto el desprecio del Gobierno de Navarra hacia nuestros regidores”, han afirmado desde la formación foralista. Recuerdan que ya en la legislatura pasada se anunció un proyecto de ampliación del puente con una inversión prevista de tres millones de euros, pero que fue paralizado “al estar todos los pueblos implicados gobernados por Navarra Suma”.
Los alcaldes y alcaldesas afectados exigen que el Gobierno actúe con imparcialidad y retome de inmediato una infraestructura vital para la comunicación y la seguridad vial de la zona.
Desde UPN también critican otros episodios similares, como la exclusión de sus representantes en actos organizados por distintas consejerías, como ocurrió con la visita para anunciar la ampliación del IES Marqués de Villena de Marcilla, en la que tampoco se invitó a los alcaldes de la zona de influencia del instituto.
Por todo ello, UPN ha reclamado que el Gobierno de Navarra “se rija por el principio de neutralidad institucional” y recuerdan que las administraciones públicas deben servir de forma objetiva al conjunto de la ciudadanía. “No se puede gobernar para unos sí y para otros no. Con este tipo de actuaciones, el Gobierno establece ciudadanos de primera o de segunda según el color político de su alcalde”, han concluido.
