Unión del Pueblo Navarro ha denunciado la situación de “desamparo institucional” que sufren la mayoría de las entidades locales de Navarra para poder cumplir con lo establecido tanto en la Ley estatal como en la Ley Foral de Bienestar Animal.
Ambas normativas, han explicado los foralistas, “establecen deberes directos para los que la mayoría de los municipios pequeños no cuentan con recursos para cumplirlos”. Entre esas exigencias han enumerado la disposición de instalaciones propias o conveniadas, servicio permanente de recogida, personal competente y protocolos de intervención inmediata, servicios e instalaciones adecuados para la recogida, atención y control de animales abandonados, colonias felinas y situaciones de maltrato o extravío.
Ante esta situación, UPN ha recordado que presentó una enmienda a los Presupuestos Generales de Navarra de 2025 con el fin de crear una nueva partida destinada a financiar los centros de acogida de animales gestionados por entidades locales, incluyendo Mancomunidad de la Ribera, Ayuntamiento de Pamplona, Zona de Estella y extenderlos a la zona Norte y zona de Sangüesa. “Dicha propuesta preveía una dotación específica similar a la que actualmente recibe el centro de recogida de animales de Etxauri, gestionado directamente por el Gobierno de Navarra, y que cuenta con una línea presupuestaria propia que no está disponible para el resto de los centros”, han criticado.
Los foralistas han subrayado que existe “un trato desigual entre los centros comarcales y el centro gestionado por el Gobierno foral, ya que este último cuenta con financiación directa mientras que los primeros deben competir en convocatorias genéricas, si es que las hay. Este desequilibrio vulnera el principio de equidad territorial y deja en una clara situación de inferioridad a las comarcas”.
La implantación de la ley foral ha sido, además, “tardía y deficiente” a juicio de UPN. Han recordado que el decreto reglamentario que debía haberse aprobado en el primer año de vigencia de la ley (2019) se retrasó más de tres años, “generando inseguridad jurídica y dificultando la planificación de los servicios municipales”. Mientras tanto, diversas asociaciones han advertido repetidamente al Parlamento y al Gobierno foral de la ausencia de coordinación, liderazgo y apoyo técnico.
Por todo ello, UPN ha defendido la creación de centros mancomunados en las principales zonas de Navarra, cofinanciados por el Gobierno de Navarra y gestionados por las mancomunidades, como única vía viable para que los municipios pequeños puedan cumplir sus obligaciones. “No puede recaer todo el peso de la ley en los voluntarios, protectoras y asociaciones; las entidades locales necesitan una infraestructura real y recursos estables”, han insistido.
Para los foralistas, la aplicación efectiva de la legislación sobre bienestar animal requiere una visión de conjunto y un apoyo estructural desde el Gobierno de Navarra. “Sin una financiación suficiente, sin equilibrio territorial, y con los actuales retrasos y vacíos de gestión, las leyes se convierten en papel mojado y en un nuevo ejemplo de abandono institucional a los pequeños municipios”, han concluido.
