UPN ha defendido en el Pleno del Parlamento de Navarra celebrado esta mañana una Proposición de Ley para garantizar el derecho de las personas destinatarias de los servicios sociales del sistema público a acceder en plazo a las prestaciones que les corresponden y, si no fuera así, a conocer la realidad de los tiempos de espera. Con ello se pretende avanzar en claridad y transparencia en el ámbito de los servicios sociales al igual, que por ejemplo, está establecido ya en el ámbito de las listas de espera para la atención sanitaria.
La parlamentaria regionalista, Maribel García Malo, ha pedido tramitar una ley “que nos volverá a situar en una posición pionera, al convertir a Navarra en la primera comunidad que regula esta cuestión en el ámbito de los servicios sociales”. Sin embargo, las fuerzas del cuatripartito han rechazado la toma en consideración de la propuesta, por lo que ni siquiera se tramitará o debatirá en comisión parlamentaria.
De acuerdo con la iniciativa de los regionalistas, la ley regularía dos cuestiones íntimamente relacionadas: la garantía de respuesta de la Administración a las solicitudes de los ciudadanos y la garantía de transparencia a esa obligación de respuesta. La superación de los plazos implicaría la obligación de la Administración de resolver de forma preferente la solicitud sin perjuicio del derecho de los solicitantes de hacerlo valer ante los Tribunales.
Así lo ha expuesto García Malo. “Con el tiempo la transparencia en las CCAA ha pasado de ser una excepción a ser una exigencia ciudadana y UPN propone que en el área de los servicios sociales sea una obligación legal. Queremos que la transparencia llegue al ámbito de las prestaciones sociales. Prestaciones dirigidas a atender las necesidades de las personas más vulnerables de nuestra Comunidad”, ha indicado.
La parlamentaria de UPN ha indicado que, según datos facilitados el 20 de diciembre por el vicepresidente de Derechos Sociales, las personas dependientes están esperando de media 4,6 meses de media en ser valoradas (el plazo máximo es de 3 meses) y ni más ni menos que 1 año (11,72 meses) en recibir la prestación. “Y estas personas, no solo no están recibiendo la prestación en plazo, si no que con los actuales sistemas de información, no saben la situación en que se encuentra su expediente”, ha añadido la portavoz regionalista, para recordar que en la mayoría de los casos se trata de personas mayores con importantes necesidades, para las que el tiempo es un valor primordial.
Con la propuesta presentada por UPN, las personas que hayan solicitado una prestación, tendrán derecho, además de acceder a la información general, a que se les entregue, en el momento de solicitar una prestación, un documento que contenga el plazo máximo para resolver, los efectos del silencio administrativo y su derecho a reclamar en los Tribunales en el caso de que su solicitud no sea atendida en plazo. Además, una vez que este plazo máximo venza, tendrán derecho a que en 24 horas la Administración les responda sobre el plazo probable para la resolución de su solicitud.
Por su parte, los ciudadanos recibirían información mensual a través de la página web del Gobierno de Navarra de cada una de las prestaciones, incluidas las de los Servicios Sociales de Base, acerca del tiempo máximo de concesión, número de personas solicitantes, tiempo de espera medio, y número de personas que están en lista de espera por haberse superado el tiempo máximo para resolver. Además, se impone al Departamento de Derechos Sociales la elaboración anual de un informe con estos datos que se presentará en el Parlamento de Navarra dentro del primer trimestre de cada año.
Ante la disconformidad manifestada por el Gobierno con esta Proposición de Ley Foral indicando con respecto a las garantías recogidas que no contienen nada que no esté contenido ya en otras Leyes, García Malo ha afirmado que le sorprende muchísimo “que el Gobierno utilice como un motivo para oponerse a una Ley esta cuestión”. “Desde luego aún me sorprendería más que los partidos políticos que apoyan al Gobierno, y que están en este Parlamento, se supone, para hacer política y legislar, entendieran que esto es un motivo para oponerse a que se tramite, sin debate, una Ley que, como les he dicho, lo que pretende es mejorar la transparencia y las posibilidades de las personas más vulnerables de nuestra sociedad de hacer valer los derechos que nosotros, los partidos políticos, les hemos reconocido en este Parlamento”, ha añadido.
