También impulsó alegremente la aprobación de un Estatuto de Autonomía el catalán- que abrió la caja de Pandora de la financiación autonómica. En este caso, incluso el propio Solbes se atrevió a definir la situación que provocaba la aprobación de este estatuto y los sucesivos en esta materia. «Sudoku infinitivo» lo llamó.
El Estatuto catalán, plenamente vigente hoy, le impone al gobierno de la Nación la obligación de invertir en Cataluña en función del peso porcentual de esta comunidad sobre el total del PIB nacional. Los catalanes eligieron en su estatuto este parámetro de inversión porque -obviamente- era el que más financiación les garantizaba. Aunque está por ver (el Tribunal Constitucional nos sacará de dudas) que a través de esta norma una administración autonómica pueda imponerle al gobierno de la Nación, en este tema, una determinada manera de actuar.
Lo cierto es que esta manera de legislar motivó y provocó- a las demás comunidades a hacer lo propio. Así en las reformas estatutarias posteriores se recogen otros parámetros, completamente distintos al del peso porcentual del PIB (la extensión del territorio, la dispersión de la población, el envejecimiento de la población o el % de población autonómica sobre el total español,…), con los que cada territorio pretende reservarse la mejor financiación para sus habitantes. Y los de atrás que arreen.
(Invertir en función del peso porcentual de cada comunidad en el total nacional del PIB significa que recibirían mucha más financiación las autonomías más ricas y menos las más pobres. ¿Esto es socialismo?)
Yo no soy quién para decir cuál es la mejor fórmula para satisfacer los intereses y deseos de todos en el tema de la financiación, pero parece lógico pensar que para acertar en la fórmula definitiva deberían respetarse (y haberse respetado) dos condicionantes:
Uno, que el sistema elegido se alcance por consenso. De tal forma que todas las comunidades que han regulado (o hubieran querido regular) esta cuestión en sus nuevos estatutos resulten mínimamente satisfechas.
Y dos, que los criterios de inversión estatal definitivos sean homogéneos en todas las comunidades. Y eso sólo puede conseguirse si se busca, con racionalidad, una fórmula que integre todos los criterios que recogen los nuevos estatutos. Por ejemplo, si se decide que la base para el cálculo de la financiación autonómica sea la población, este dato podría ser ponderado con otros parámetros (% PIB, dispersión población, dispersión territorio, envejecimiento, etc…) hasta completar un cuadro lógico de suma 100 que haga digerible la solución, sostenible el sistema y revisable la fórmula.
Pero, como a Zapatero no le gustan los consejos de «la derecha», él decidirá lo que es mejor para todos.
Yo creo que el gobierno de Zapatero espera y desea una Sentencia del Tribunal Constitucional que le ayude a salir de este atolladero. ¿La veremos antes de tres meses (plazo que se ha fijado el gobierno para cerrar la negociación con los catalanes)?
…Por cierto ¿Zapatero no era experto en Derecho Constitucional?
