El miercoles, Rodríguez Zapatero aseguraba al portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka que no impedirá que «el diálogo político comience». Ayer el discurso había mutado: «Primero la paz, luego la política», aseguraba.
Semejante ir y venir dialéctico es consecuencia de las negociaciones anunciadas por Patxi López el martes. Éstas rompen el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo en el que se afirma que «el diálogo propio de una sociedad democrática debe producirse entre los representantes legítimos de los ciudadanos, en el marco y con las reglas previstas en nuestra Constitución y Estatuto». Es decir, no cabe el diálogo con una formación ilegalizada. Por si hubiera dudas de por qué se declara ilegal a Batasuna, la Ley de Partidos es clara: «Un partido será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos (…) mediante alguna de las siguientes conductas: fomentar, propiciar o legitimar la violencia (…)». También el Tribunal Supremo lo explica al afirmar en una sentencia de marzo de 2003 que «Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna (…) se trata de un único sujeto real, que es la organización terrorista ETA».
El Partido Socialista parecía no tener ninguna duda al respecto cuando en abril de este mismo año Rodríguez Zapatero afirmaba que «no habrá diálogo con ninguna fuerza que no esté legalizada» y Fernández de la Vega aseveraba que «en el proceso de paz no hay atajos ni precios políticos». «Primero la paz y luego la política», decía en esos días el presidente del Gobierno central en una entrevista concedida al diario El Mundo.
Pátxi López, secretario general del PSE, sin embargo, afirmó el martes que era necesario «pasar de los contactos que actualmente existen a una fase de negociaciones incluyentes que nos encaminen a construir un proceso de diálogo multipartito en Euskadi» y aseguró que «la izquierda abertzale es un interlocutor necesario». Zapatero, sin embargo ha dicho que eso no implica «ni diálogo, ni negociación». Es decir, las negociaciones incluyentes con grupos ilegalizados, que son considerados interlocutores necesarios, no implican diálogo ni negociación y no rompen la resolución del congreso que afirma que «las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular». Esquizofrenia política.