(UPN/15.11.07) El senador de UPN José-Cruz Pérez Lapazarán ha indicado hoy durante su intervención en la Comisión General de Comunidades Autónomas de la Cámara Alta que la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, promovida por el Gobierno central, «está repleta de indefiniciones y es técnicamente ambigua», al tiempo que ha señalado que «genera falsas expectativas a todo el medio rural que no podrán ser cumplidas, y no ofrece soluciones».
Asimismo, Pérez Lapazarán, quien ha sido designado ponente de la Ley, ha asegurado que ésta genera un conflicto competencial entre CC.AA. y Estado «que hacen que su aplicación sea inviable», además de que «no cuenta con fondos económicos que la sustenten».
El senador ha censurado asimismo «que ahora el Gobierno tenga prisas por aprobar el texto cuando se está agotando la legislatura». «Las prisas con las que está actuando el Ejecutivo sólo conducirán a empeorar una Ley, de por si ya mala, y que será una pésima herencia para el siguiente Gobierno», ha añadido.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado un veto al proyecto de Ley porque «no ha tenido consenso, ha fallado en las formas de tramitación, no articula instrumentos, no asegura fondos y, sobre todo, porque es una ley confusa».
El portavoz regionalista ha indicado asimismo que la Ley «tiene unas gravísimas carencias y presenta una gran cantidad de cuestiones que no están claras». Así, implicaría un aumento presupuestario de 3.000 millones de euros en 6 años «sin justificación alguna respecto a las necesidades, sólo haciendo referencia a las disponibilidades y gastos actuales».
Pérez Lapazarán ha puesto de manifiesto que esta Ley trata sobre materias atribuidas a once ministerios, un planteamiento multisectorial que «puede provocar un importante conflicto competencial entre los ministerios, sin que la Ley diga como ser resolverían o se coordinarían entre ellos». «Incluso ha indicado se solapan competencias con las propias CC.AA., más aún cuando no se ha contado con un consenso previo con ellas».
El senador navarro ha subrayado finalmente que este proyecto de Ley «impone a las CC.AA. la adopción de unas Directrices Estratégicas Territoriales de Ordenación Rural, pero no explica qué son estas Directrices ni quién las elabora o aprueba».
