(UPN/29.4.08) El senador de UPN José Cruz Pérez Lapazarán ha puesto hoy de manifiesto «el estupor que produce el tratamiento dado por el Gobierno a la introducción e incluso el consumo de parte de aceite de girasol contaminado en la cadena alimentaria española», así como la actuación llevada a cabo por el Ejecutivo, «primero prohibiendo la venta de todo el aceite de girasol y, después, con el posterior levantamiento de esta medida».
Así, el senador regionalista ha preguntado al Gobierno «a quién se echaría la culpa si hubiera perjudicado a la salud o produjera alteraciones sobre ella» y ha subrayado que «si no hay problema para la salud, para qué tanta alarma».
Pérez Lapazarán ha indicado asimismo que «no es de recibo que un país como España, que tiene una Agencia de Seguridad Alimentaria que depende del Ministerio de Sanidad y del antiguo Ministerio de Agricultura hoy Ministerio de los Medios-, permita la introducción de más de 12 millones de litros de aceite crudo de girasol en su cadena alimentaria».
En este sentido, el senador navarro ha subrayado que «es difícil entender que el Gobierno y su red de alertas no hayan detectado la contaminación y hayan autorizado su comercialización» y ha añadido que lo más preocupante es «el caos que ha producido la peculiar prohibición de su venta».
Pérez Lapazarán, portavoz del Grupo Popular en el Senado, ha afirmado que «el Gobierno debe asumir sus responsabilidades, ya que se ha puesto en evidencia la debilidad del control sobre la seguridad alimentaria en España».
Igualmente, el senador ha asegurado que produce también estupor que «después de una reorganización gubernamental como la realizada por el presidente Rodríguez Zapatero, con nueva denominación de ministerios no se haya delimitado bien a cual le corresponde la alimentación y la agricultura».
Perjuicio para los productores españoles
Finalmente, el senador navarro ha asegurado que también habría que preguntarle al Gobierno quién va a compensar a los productores de aceite de girasol nacional, que elaboran y comercializan aceite en buenas condiciones y se ven envueltos en una prohibición de la comercialización de su producto, y que «están expuestos a una crisis de mercado de efectos desconocidos, lo que sin lugar a dudas les va a producir pérdidas económicas».
«El Gobierno no puede escurrir el bulto y tiene que reconocer que ha habido negligencia, que se les han colado miles de toneladas de aceite contaminado, que se ha consumido y comercializado y que no le han funcionado la red de alertas nacionales», ha concluido Pérez Lapazarán.