Alberto Catalán Higueras, Secretario General de UPN
Una de las normas elementales de todo sistema democrático y Estado que se precie de Derecho es que todos somos iguales ante la ley, pero esto no parece entenderlo el nacionalismo vasco, que ha convocado una manifestación este sábado para respaldar a quienes incumplen la ley y enfrentar a la sociedad con la Justicia a propósito de la sentencia por la no disolución en el Parlamento vasco de Batasuna-ETA. Últimamente, el nacionalismo nos recuerda que pretende estar por encima de todo.
El respeto a la ley no es algo de lo que pueda presumir. Hace escasas fechas, Ibarretxe manifestaba que en octubre de 2008 dará la palabra a los vascos, léase derecho a decidir, léase derecho de autodeterminación, y se mostraba convencido de que este año «va a ser trascendental». El lehendakari está dispuesto a llevar su compromiso de diálogo con Batasuna y el entorno de ETA «hasta las últimas consecuencias jurídicas y políticas», ahí es nada. Vamos, que la legalidad no le supone ningún obstáculo al presidente de la Comunidad Autónoma Vasca para llevar a cabo su plan soberanista.
Hablando de su plan. Hemos conocido que el Gobierno de la CAV ha enviado el mismo proyecto independentista que el Congreso de los Diputados y el Parlamento de Navarra rechazaron a más de 25.000 personas e instituciones de todo el mundo. Un proyecto que contiene la gran mentira de que Navarra es uno de los siete territorios que conforman esa quimera llamada Euskal Herria, y que está fuera de la Constitución Española. Además, leíamos esta misma semana unas declaraciones del Sr. Urkullu, presidente del PNV, en las que ponía sobre la mesa sus condiciones para apoyar al gobierno que salga de las elecciones del 9 de marzo. Como no podía ser de otra manera, Navarra sigue jugando un papel fundamental y nuclear en los objetivos del nacionalismo vasco.
Con motivo de dichas elecciones, el partido del Sr. Zabaleta ha querido conformar, parece que sin éxito, una gran coalición que aglutine a todo el espectro independentista vasco e incluso ha propuesto un nombre: Euskal Herria Bai.
Podemos afirmar, ante este panorama y sin temor a equivocarnos, que la democracia española y el Estado de Derecho se enfrentan a una gran ofensiva del nacionalismo en todas sus vertientes y en todas sus facetas, un nacionalismo que no tiene rubor ninguno en criticar abiertamente a la Justicia, en dialogar con los partidos que amparan la violencia y defienden a ETA, en aplaudir en sus congresos a Barrenas y compañía, en pedir la supresión de la Ley Antiterrorista, en afirmar que «la violencia se combate más eficazmente con más diálogo», en dar más crédito a la versión de las detenciones de los presuntos etarras responsables del atentado de la T4 de Barajas, en mantener la «equidistancia» entre víctimas y verdugos, en asumir el lenguaje victimista de los terroristas, en insultar al Rey, y que utiliza todos los medios a su alcance, también el deporte, como hemos podido comprobar recientemente, para implantar el nacionalismo obligatorio y sembrar el odio a España.
Una demostración de este comportamiento la tenemos en Navarra, donde, por ejemplo, el alcalde de Villava, de Nabai, ha decidido mantener en sus cargos de presidentes de comisión a los representantes de ANV, pese a que este grupo no condena la violencia terrorista, o en Barañáin, donde el también alcalde de Nabai da la palabra en los Plenos a portavoces de la candidatura de ANV, ilegalizada en las últimas elecciones municipales. Un nacionalismo vasco que sigue sin renunciar a Navarra, frente a la voluntad mayoritaria del pueblo navarro, que está supeditado a los intereses de la Comunidad Autónoma Vasca y que, si de él dependiera, paralizaría la llegada del Tren de Alta Velocidad y el Canal de Navarra, obras necesarias para el desarrollo y el progreso de nuestra Comunidad.
A tenor de su discurso, vemos a un nacionalismo más preocupado por dar voz y participación a quienes comparten sus mismos objetivos de autodeterminación y territorialidad que por defender a esa mitad de la sociedad vasca que no comparte los postulados nacionalistas, que vive bajo la dictadura del terror de ETA y con miedo a expresar lo que piensa; a un nacionalismo más preocupado en cuestionar la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que en reconocer la enorme aportación de los mismos en la lucha antiterrorista y en la salvaguarda de la democracia; a un nacionalismo más preocupado en llevar a cabo su proyecto independentista, aun con ETA asesinando por la causa, que por la defensa de un futuro en libertad para el conjunto de la sociedad vasca y española. No observamos, al menos desde mi humilde punto de vista, en el discurso nacionalista una sola referencia ni compromiso con la libertad. Tampoco con la exigencia de justicia, memoria y dignidad para las víctimas del terrorismo.
El nacionalismo vasco ha puesto muchas de sus esperanzas en las elecciones generales de marzo y sus pretensiones pasan en gran medida por la posibilidad de que, tras los comicios, haya un gobierno débil que dependa de los apoyos nacionalistas y pueda ceder a sus intereses. Ahí estará también Nabai para sumar fuerzas y participar en esa estrategia conjunta del nacionalismo en favor de la independencia, un camino que rechaza la mayoría de la sociedad navarra y que pretende poner en riesgo el marco de libertad, democracia y convivencia que todos los españoles nos hemos dado.
