Descargas

UPN acusa al Defensor de causar un “daño innecesario” a las comunidades educativas de Irabia-Izaga y Redín- Miravalles

Los regionalistas consideran que se ha extralimitado en sus funciones al poner bajo sospecha la labor profesional del profesorado

UPN ha criticado al Defensor del Pueblo por extralimitarse en las funciones que le confiere la ley foral que regula su funcionamiento y causar un “daño innecesario” a las comunidades educativas de los centros Irabia-Izaga y Redín-Miravalles.

Los regionalistas han realizado estas manifestaciones tras examinar la Resolución Q22/24 dictada por el Defensor del Pueblo “en la que pone bajo sospecha el rigor y la capacidad del personal docente de estos centros”.

Así, consideran que “el Defensor del Pueblo ha rebasado sus funciones atribuidas por la Ley Foral que regula su funcionamiento al entrar a valorar la forma de evaluar del profesorado de unos determinados centros educativos, poniendo bajo sospecha su labor profesional al entender que estos docentes sobrevaloran las calificaciones de su alumnado”.

Además, según UPN, “la resolución precipita conclusiones y juicios de valor que no están acompañados del debido rigor e imparcialidad que ha de seguirse al tramitar y valorar resoluciones de este calado”.

“La acusación formulada según la cual las calificaciones de estos centros están ‘artificiosamente infladas’ afecta de manera injusta a los miles de personas que han cursado estudios en estos centros, que ven cómo se cuestionan sus resultados académicos”, han agregado.

Asimismo, señalan que “la resolución del Defensor pone en tela de juicio la profesionalidad del personal de la Inspección Educativa, que son los encargados de supervisar el funcionamiento de los centros educativos”.

“En esta ocasión el Defensor del Pueblo ha actuado con ligereza y sin observar el rigor necesario, causando con ello un daño innecesario a unas determinadas comunidades educativas pertenecientes a unos centros, por otra parte, reconocidos en todos los estudios comparativos realizados a nivel nacional que los sitúan en los primeros puestos”, manifiestan.

Y concluyen lamentando la referida resolución “daña también el prestigio de la institución del Defensor que hasta el momento se ha caracterizado por seguir los procedimientos con el rigor y la minuciosidad debidas”.