- Para la coalición, la legislación estatal de pensiones no debe producir una merma en nuestra autonomía fiscal
- Navarra suma considera que asumir la prevalencia de la legislación estatal de pensiones hasta el punto de anular o limitar nuestras competencias sienta un grave precedente
Navarra Suma ha registrado una moción parlamentaria en la que se insta al Gobierno de Navarra “a dictaminar las disposiciones normativas necesarias para evitar que la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales el Estado para 2021 limite la competencia exclusiva de carácter histórico que ostenta la Comunidad foral de Navarra en materia fiscal”.
De manera específica, la coalición de UPN, Ciudadanos y PP pide que se admita la posibilidad de que los navarros mayores de 50 años puedan desgravarse por las aportaciones en los planes de pensiones hasta el límite de 5.000 euros, tal y como se aprobó en la Ley foral 21/2020 de 23 de diciembre de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias.
Como se recordará, una semana después de la aprobación de dicha Ley por el Parlamento de Navarra, en el Congreso de los Diputados se aprobó laLey 11/2020 de Presupuestos Generales el Estado para 2021, en la que se establece que no se pueden realizar aportaciones a planes de pensiones por valor superior a 2000 €.
Antel el posible conflicto de ambas normativas, la navarra y la estatal, en opinión de Navarra Suma, “la legislación estatal de pensiones no debe producir una merma en nuestra autonomía fiscal y, por lo tanto, en Navarra rige lo aprobado por el Parlamento foral”.
Por el contrario, cabe recordar que la consejera de Hacienda, Elma Saiz, sostiene que prevalece la regulación estatal y que nuestra fiscalidad ha de ceder y debe ser modificada para acomodarla a la legislación estatal. De este modo, quedarían sin efectos las desgravaciones fiscales totales que la legislación navarra otorga en materia de planes de pensiones individuales al contribuyente navarro mayor de 50 años.
Navarra Suma defiende que “se trata de dos ordenamientos distintos, uno de ellos de competencia estatal (el de pensiones) y el otro de competencia exclusiva foral (el fiscal) y, por lo tanto, uno no puede condicionar ni perjudicar al otro”.
Además, si bien dejan claro el “respeto a la legislación estatal en materia de pensiones”, consideran, a su vez, que “nuestra capacidad fiscal ha de quedar intacta”. Y advierten de que “asumir la prevalencia de la legislación de pensiones hasta el punto de anular o limitar nuestra competencia fiscal sienta un grave precedente”.