- Recuerdan que la empresa pública de la entidad (SCPSA) cuenta con reservas de más de cincuenta millones de euros
- El superávit de 2019 demuestra que la subida del 8% de la tasa de basuras, aprobada el año pasado, era totalmente injustificada
El Grupo de Navarra Suma en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) ha propuesto hoy que sea la propia entidad, a través de las reservas de su sociedad instrumental, quien asuma el sobrecoste del servicio de transporte urbano comarcal, que puede superar a los seis millones de euros este año.
La Mancomunidad cifra en hasta 6,1 millones el posible sobrecoste, y afirma que más de dos millones de euros deberían ser abonados por los ayuntamientos y el resto por el Gobierno.
Sin embargo, Navarra Suma entiende que “no tiene sentido que los ayuntamientos tengan que sufragar este coste, existiendo reservas millonarias en la sociedad pública de la Mancomunidad (Servicios de la Comarca de Pamplona SA), más si cabe después de los importantes gastos que los municipios están teniendo que soportar para hacer frente a las necesidades generadas por la COVID 19”.
Además, han subrayado que “el esfuerzo para responder a las necesidades sociales y de reactivación económica que están asumiendo los Ayuntamientos se está llevando a cabo en un escenario de desplome generalizado de los ingresos municipales, lo que hace en muchos casos insostenible que la MCP pretenda repercutir sobre los consistorios nuevos gastos que puede abordar la propia entidad”.
De hecho, según han explicado, SCPSA cuenta con reservas líquidas de más de 50 millones de euros que podrían servir para rescatar un servicio de transporte que han calificado como “vital” para la Comarca.
En este sentido, han destacado que esta sociedad ha terminado el año con 2,5 millones de euros de beneficios, fruto de “un tremendo incremento de las tasas de basuras en un 8%”, que se ha demostrado “innecesario e injustificado”.
“Las administraciones no deben sangrar a los ciudadanos para luego acumular beneficios, sino que deben adecuar los precios a la realidad de los servicios para hacerlos sostenibles y generar así una tarificación justa y no confiscatoria”, han concluido.