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UPN critica que Larrarte (IE) “imponga” la privatización del servicio de transeúntes

  • Destacan la incoherencia en el discurso de IE, “que ha pasado de criticar las privatizaciones en la oposición, a llevarlas a cabo”

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Tudela ha criticado la ‘imposición’ del equipo de gobierno municipal y del alcalde Eneko Larrarte (IE), “al decidir sin negociación alguna con la parte sindical la privatización del servicio de transeúntes”, lo que ha supuesto la modificación de la plantilla orgánica municipal al prescindir de sus dos trabajadores.

Los regionalistas también destacan la incoherencia en el discurso de IE, «que ha pasado de criticar las privatizaciones cuando estaba en la oposición, a llevarlas a cabo en la actual legislatura”.

Nos preocupa que la parte sindical valore muy negativamente la desaparición de un servicio público sin negociación por parte de un ayuntamiento cuyas fuerzas políticas presumen de velar por el interés de los trabajadores, y por los temas sociales”, señalan los regionalistas, que añaden, no obstante, que no están en desacuerdo con la externalización de la gestión de un servicio público. “Apoyamos esa decisión, pero no compartimos la falta de diálogo de Larrarte y la forma en que se ha hecho”, aclaran.

Los concejales de UPN destacan que “la Junta de Personal, de forma unánime, solicitó al equipo de Larrarte el informe justificativo del cambio de gestión, en el que se indicara las ventajas sociales y económicas que suponía el cambio, y que presentara un avance del pliego de condiciones de prestación del servicio, incluyendo una previsión temporal de todo el proceso. Pero el Ayuntamiento no se ha dignado a responder a nada de lo planteado, lo que expresa su imposición y su nula apuesta por la transparencia de su gestión”.

Para UPN, “una vez más, Larrarte ha puesto de manifiesto la incoherencia de su discurso en la oposición o como alcalde y, frente a sus posiciones anteriores al año 2015, ahora ha optado por privatizar un servicio público”.

El resultado es un proceso de privatización que no ha sido  negociado con la parte social, que pone sobre la mesa la incongruencia en la gestión del tripartito que encabeza el alcalde Larrarte y que modifica la plantilla orgánica desaprovechando la experiencia de los dos trabajadores municipales que prestaban el servicio hasta ahora y que han demostrado durante años su valía”, concluyen.

Por último, desde UPN han abogado “por un diagnóstico serio de las nuevas necesidades sociales, una respuesta adecuada a la parte sindical y un estudio del servicio que presta el Área de Servicios Sociales para que la atención se ajuste a las necesidades y realidad de la ciudad, muy alejada de la situación catastrófica que vendieron Izquierda Ezkerra y Podemos hasta su llegada al Ayuntamiento”.