- Los regionalistas anuncian una enmienda a la totalidad a la nueva Ordenanza del Euskera “que ha vuelto a unir al cuatripartito”
- Los regionalistas critican que “tiene aspectos claramente ilegales y atenta contra los derechos de los castellanohablantes”
El Grupo Municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha anunciado hoy que llevará a los tribunales la nueva Ordenanza del euskera “con la que Asirón pretende saltarse la ley foral y convertir a Pamplona en zona vascófona de facto”.
Los regionalistas han anunciado que, antes, presentarán una enmienda a la totalidad porque “la nueva norma tiene aspectos claramente ilegales y, sobre todo, porque atenta contra los derechos de los castellanohablantes que se van a ver discriminados en su propia ciudad y por su propio Ayuntamiento”.
En cualquier caso, se han mostrado “realistas” en cuanto al “más que previsible rechazo de su enmienda, ya que la aprobación este jueves de la nueva ordenanza ha vuelto a unir al cuatripartito, con Aranzadi e IE colaborando activamente con la estrategia nacionalista de Bildu y Geroa Bai”.
Por su parte, los concejales de UPN han explicado que “la nueva normativa no tiene nada que ver con la realidad sociológica de la ciudad y cierra el acceso al empleo público a todo aquel que no hable y tenga un título de euskera”.
Así, han recordado que los estudios de Klusterra para el propio Gobierno de Barkos sitúan en el 2,9% el uso habitual del euskera en la ciudad y han afirmado que “sólo se entiende una ordenanza así si no se tiene la voluntad de respetar y atender la realidad de la ciudad, sino el objetivo de cambiarla artificialmente”.
En este sentido, han explicado que “el texto propuesto por Bildu y Geroa Bai, y apoyado sin enmienda alguna por IE y Aranzadi, no se limita a la propia administración municipal, sino que pretende también imponer el uso del euskera en empresas y asociaciones”.
Por eso, han afirmado que “flaco favor le hace al euskera quien pretende convertirlo en un peaje obligatorio para todo aquel que quiera trabajar con la administración u obtener una subvención”.
“No tiene sentido que letrados, administrativos o arquitectos municipales, sin contacto con el público, tengan que saber euskera obligatoriamente”, han destacado.
De hecho, según han detallado, “los porcentajes en que se valora el euskera incluso en las plazas donde no será obligatorio hacen que, en oposiciones que se deciden por décimas, el idioma resulte decisivo y se convierta en una ventaja determinante en contra de la inmensa mayoría de la población que tiene tanto derecho como la vascoparlante a acceder al empleo público”.
Además, han señalado que con la aprobación de esta ordenanza “quieren cerrar una legislatura en la que los excesos con la lengua han sido la tónica general, desde innumerables programas municipales que han sido nombrados sólo en euskera: Birjolastu, Trebatu, Harrotu, Hiriartea… hasta los cambios de escuelas infantiles de castellano a euskera, echando a las familias sin ningún fundamento jurídico ni razonable”.
Por último, han subrayado que “los nacionalistas han tramitado esta norma como un trágala sabiendo que contaban con el apoyo incondicional de Aranzadi e IE” y han destacado “la irresponsabilidad y el sectarismo de querer aprobar un texto de este calado con un divisorio y exiguo 14 votos frente a 13”.