Tribuna de Marta Álvarez Alonso. técnico jurídico del Gobierno de Navarra y ex directora General de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo
En 2010 la Unión Europea aprobó la Estrategia Europa 2020, dirigida a lograr un crecimiento económico y social sostenible en todos los países miembros y en la que España se marcó como objetivo una reducción de las tasas de pobreza y exclusión social de entre 1.400.000 y 1.500.000 personas. Para medir de forma objetiva y comparable esas tasas en Europa nos hemos dotado de un indicador que mide año a año la pobreza relativa, la privación material severa y la baja intensidad de empleo de cada país y región. De la combinación de todos estos subindicadores obtenemos la tasa o indicador AROPE, que refleja la tasa de pobreza y exclusión de ese país o región.
En Navarra su tasa AROPE ha sido año tras año la menor de España y una de las más bajas de Europa. Aun así, la existencia de muchas personas en situaciones de precariedad y graves dificultades económicas y sociales no puede llevarnos a la autocomplacencia.
El Gobierno de Navarra sostenido por el cuatripartito tomó una serie de decisiones, primero en el año 2015 y después en 2016, que han marcado las políticas dirigidas a la inclusión social, modificando la entonces existente Renta de Inclusión Social, muy ligada a itinerarios de empleo, y transformándola después en otra que denominó Renta Garantizada, en la que desligaba definitivamente el cobro de la ayuda de la exigencia de una contraprestación en forma de compromisos por parte de quien la recibía. Desaparecía así la necesidad de que los perceptores de Renta Garantizada firmaran un Acuerdo de Inclusión Sociolaboral o Social, según estuvieran o no en condiciones de trabajar, con carácter obligatorio.
Los partidos de la oposición, con UPN a la cabeza, que presentó una enmienda a la totalidad con texto alternativo a la Ley del cuatripartito, avisaron ya en aquel momento de que la senda que se emprendía no era la correcta, porque se fiaba todo a incrementar los ingresos de las personas, pero se les abandonaba en su camino hacia una verdadera inclusión, a través del empleo fundamentalmente, pero también de la participación en todos los aspectos de la vida social.
El tiempo les ha dado la razón. En el último año hemos visto como diversas entidades han denunciado la falta de funcionamiento de ese modelo. La más sonada vino por parte de la UAGN, al poner de manifiesto sus dificultades para encontrar personas dispuestas a trabajar en el campo. No fueron los únicos: CEAT Navarra, asociación intersectorial de Autónomos, se unió a dicha denuncia, pero también entidades sociales como Cáritas alertaban de probables efectos indeseables de este modelo de renta garantizada, como un posible efecto llamada.
Ante esto el Gobierno de Navarra ha decidido matar al mensajero, arremetiendo de forma virulenta contra quienes denunciaban, acusándoles de equivocados o interesados, cuando no de racistas o de “ir contra los pobres”.
Sin embargo los datos, una vez más, han venido al auxilio de quienes contaban lo que veían. La mencionada tasa AROPE correspondiente a 2017 constata el fracaso de la estrategia de inclusión adoptada. Mientras en España baja en un año del 27,9% al 26,6%, en Navarra sube del 13% al 13,5%, dándose la circunstancia, además, de ser la primera vez que sube en Navarra desde 2013, en plena crisis.
Quienes gustan de manejar datos para que cuadren dirán que, a pesar de que esta tasa sube, varios de los subindicadores bajan, y que la privación material severa ha disminuido de forma importante. No obstante esto no puede tapar un preocupante cambio de tendencia cuando en el resto de España, coincidiendo con una clara recuperación económica, la situación mejora de forma evidente.
A estas alturas casi nadie discute que es necesario contar con una buena Renta de Inclusión o Renta Garantizada. Es un elemento esencial para reducir la pobreza severa y la desigualdad. Por tanto, no se trata de Renta Garantizada sí o no, sino de si esta Renta Garantizada es o no la adecuada y de si se está gestionando y controlando adecuadamente.
La propia Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y muchas entidades y profesionales que conocen el sector han venido pidiendo que se refuercen el acompañamiento social y las políticas activas de empleo para quienes la perciben, exactamente en la línea de lo que planteaba la enmienda de UPN. Muchos opinamos que, además, y como se hace en los países más avanzados de Europa, necesitamos recuperar un modelo de Renta de Inclusión que conlleve una contraprestación clara al derecho a recibirla, debiendo ser esa contraprestación la obligación de firmar y cumplir un Acuerdo de Inserción con los Servicios Sociales y, en su caso, con los servicios de empleo, y debiendo reforzarse los servicios públicos para que el acompañamiento profesional que permita cumplir ese acuerdo sea efectivo.
Además, es preciso mejorar los sistemas de gestión y control para convencer a la sociedad de que se garantiza que la Renta llega a quien realmente lo necesita y que el dinero de los ciudadanos, como en todas las políticas, se gasta adecuadamente. Navarra es una región solidaria y avanzada socialmente y es misión de los Gobiernos estar a su altura.
Fuente: Diario de Navarra 26/11/2018