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UPN pide que Aranburu aclare por qué Navarra es la Comunidad que más incumplió la regla de gasto

Así figura en una comunicación de la intervención general del Estado de finales de 2017

UPN ha solicitado la comparecencia del consejero de Economía y Política Financiera, Mikel Aranburu, para que aclare por qué Navarra figura como la Comunidad que más incumplió la regla de gasto en 2017, según una comunicación remitida por la intervención general del Estado a finales del año pasado.

Un informe de la intervención general del Estado, han agregado, el correspondiente a abril de este año, “señala que Navarra ha incumplido la ley en relación con la regla de gasto, disparando el gasto público por encima del índice permitido, el 5,8% sobre el máximo del 2,1% del PIB”.

Los regionalistas han recordado que “el consejero aseguró que Navarra preveía cumplir la regla de gasto al cierre del año 2017”. “A día de hoy en pleno mes de octubre, el consejero no es capaz de asegurar si Navarra cumplió con este límite de gasto en 2017 y deriva ahora la cuestión a un hipotético acuerdo de la comisión coordinadora del Convenio Económico, la cual aún no se ha reunido para abordar esta cuestión”, han criticado.

Los regionalistas advierten de que “el Gobierno cuatripartito está generando confusión y desorden en torno a la desviación del gasto público y la posibilidad de acometer inversiones que, por un lado, anuncia a bombo y platillo y, por otro, no es capaz de asegurar que se van a poder realizar”.

“Sin tener asegurado esta mínima garantía legal, los grupos del Gobierno cuatripartito se han lanzado a anunciar la aprobación de una ley de inversiones por valor de 113 millones cuya aprobación conforme a la legalidad todavía no pueden asegurar que sea conforme a la legalidad y para mayor desconcierto, Aranburu transmite que desde el Ministerio es posible que autoricen la inversión pero no en su totalidad”, señalan.

Asimismo, recalcan que, a falta de tres meses para el fin del ejercicio presupuestario, “ya casi es imposible tramitar la ley y acometer las inversiones y aún lo es más si ni tan siquiera se dispone de la mínima garantía jurídica”.

Para UPN, “la confusión y el desorden transmitido por el Gobierno y sus socios en esta cuestión revela una absoluta falta de rigor y un mero interés propagandístico que puede quedar vacío de contenido”.