UPN ha denunciado el “nuevo fracaso” del Gobierno de Uxue Barkos ante los tribunales tras haber desestimado la Audiencia Provincial de Navarra el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno contra el Auto de fecha 26 de febrero de 2018, por lo que la Justicia ha ratificado la inadmisión de la querella presentada por el Gobierno de Navarra contra los gestores de la planta de purines de la Ultzama.
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Los tribunales han desestimado el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de Navarra y ratifican la inadmisión de la querella interpuesta por la Administración foral
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Además, estiman el recurso de apelación interpuesto por uno de los querellados y han condenado al Gobierno a pagar las costas por utilizar “de forma temeraria” la Administración de Justicia
Los regionalistas han denunciado que “la Audiencia Provincial de Navarra ha dejado al descubierto la pretendida utilización de la Justicia para fines partidistas llevada a cabo por el Gobierno de Uxue Barkos en todo este tiempo”.
UPN recuerda que la interposición de la querella fallida fue acordada por el Gobierno prescindiendo de informe jurídico que la respaldase. “Los tribunales han vuelto a dejar claro que se trató de una querella política”, han afirmado. “Es ya la cuarta ocasión en la que los Tribunales descartan cualquier indicio de ilícito penal en torno a este asunto”, han añadido.
Cabe recordar, además, que la querella se interpuso mediante el acuerdo de gobierno sin acompañamiento de informe ni del más mínimo aval jurídico. “El único apoyo que la motivó consistió en un insólito escrito que adjuntaron los consejeros Ayerdi y Elizalde, ambos sin formación jurídica, en el que imputaban una serie de supuestos delitos con el único fin de mantener viva de manera fraudulenta una comisión de investigación que carecía de todo sentido, toda vez que un decreto de Fiscalía archivó el asunto”, han afirmado.
En definitiva, ambos consejeros ordenaron a la Asesoría jurídica del Gobierno a interponer una querella infundada para forzar una apariencia judicial que justificase la persecución política. “Tal afirmación no la dice UPN, sino que expresa textualmente la sentencia de la Audiencia Provincial en su fundamento cuarto, en el que indica que nos encontramos ante una querella carente de fundamento”, han añadido.
Además, la misma sentencia de la sección primera de la Audiencia Provincial de Navarra ha estimado el recurso de apelación interpuesto por uno de los querellados por el Gobierno de Navarra y ha condenado en costas a la Administración foral “por actuar de forma temeraria” en este proceso afirmando que “si temeraria fue la interposición de la querella, una vez vistas las resoluciones judiciales, debe considerarse temeraria la interposición del recurso”.
Para UPN, “este varapalo judicial conlleva un desprestigio para la acción jurídica del Gobierno de Navarra que hasta ahora se ha sustentado sobre el criterio previo de los técnicos de la Asesoría Jurídica. Cuando el Gobierno, a instancia de dos consejeros, ha decidido prescindir de este procedimiento, los tribunales han avergonzado al Gobierno por hacer un uso indebido de los recursos públicos”.
A juicio de UPN, “son los consejeros Ayerdi y Elizalde y no el dinero público de todos los navarros quienes debieran asumir personalmente el coste de este injustificado proceso judicial y sus reiterados fracasos”.
“Todo este forzado proceso judicial demuestra que ha sido una persecución y un empeño del cuatripartito por imponer su particular justicia para perseguir a sus adversarios políticos. Un fraude político a costa de todos los ciudadanos y por encima de la verdad y de la honradez de unas personas a las que se les ha ocasionado un desprestigio gratuito y tan infundado como sus fallidas acciones judiciales”, han concluido.