El portavoz de UPN en la Comisión de Educación del Parlamento de Navarra, Alberto Catalán, ha exigido “rigor y seguridad” al Departamento de Educación y al Gobierno de Navarra para salvaguardar los derechos de los ciudadanos tras conocerse que ha incumplido la Ley de Protección de Datos personales. “Los afectados, en este caso concreto, son docentes que se habían presentado a una oposición de maestros en 2016 y que estaban en prácticas pero, visto lo visto y si no se toman medidas, mañana puede ser cualquier ciudadano”, ha señalado.
Catalán se refiere a la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se ha declarado que el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) ha infringido lo dispuesto en los artículos 4.2 y 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos al crear un grupo para comunicarse con estos maestros en la aplicación de mensajería WhatsApp sin el consentimiento de los afectados y con datos cedidos por el Departamento de Educación. “Son incumplimientos que están tipificados como infracción grave”, ha puntualizado.
Para el parlamentario regionalista, “el Gobierno de Navarra ha cometido un gran error a la hora de utilizar los datos personales de unos ciudadanos para un uso para el que no fueron autorizados como es el de crear un grupo de WhatsApp por parte del ISPLN”.
Por ello, ha solicitado, a través de una iniciativa parlamentaria, “explicaciones por la situación generada e información sobre las medidas que tanto el Departamento de Educación como el Gobierno han establecido para no se vuelva a infringir la ley de protección de datos”.
“El Departamento de Educación y el ISPLN, como Administraciones Públicas que son, deben garantizar el cumplimiento de la legalidad”, ha aseverado. Por ello, ha considerado “incomprensible” que el Departamento de Educación “no controle los datos que facilita a otros departamentos” y que haya organismos del propio Gobierno que “no extremen las precauciones para que los datos facilitados por los ciudadanos no se utilicen para otros fines que no sean los autorizados”.
Catalán ha denunciado, asimismo, la “falta de información” del Departamento de Educación cuando desde el Parlamento se le preguntó por esta cuestión en febrero de 2017. “Comportamiento que demuestra la falta de respeto hacia la institución parlamentaria y la nula intención de querer reconocer ni asumir los errores cometidos”, ha concluido.