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UPN exige al alcalde de Tafalla que solucione ya los graves problemas con los garitos

El grupo municipal regionalista pide que se escuche a los jóvenes, a los propietarios y a los vecinos para buscar soluciones de consenso

UPN de Tafalla ha exigido al alcalde de Tafalla, Arturo Goldaracena, que ofrezca soluciones a los problemas generados con los garitos de los jóvenes. Desde UPN se recuerda que este tema se encauzó en la anterior legislatura, al alcanzarse un texto de consenso al que finalmente se opuso el grupo de EH Bildu, actualmente en el equipo de gobierno.

Por ello, UPN ha pedido una solución ante los problemas generados en los últimos meses por este tipo de locales, y que han llevado a la aplicación de sanciones económicas muy elevadas, de hasta 12.000 euros.

UPN recuerda al equipo de gobierno de la Ciudad de Tafalla que “en su programa electoral se contaba que prescindirían de las sanciones económicas, y es lo primero que han hecho en cuanto se han enfrentado a este tema”.

Los regionalistas consideran que “hay que escuchar a los jóvenes, a los propietarios y también a los vecinos, lo que no se está haciendo en estos momentos, prescindiendo del texto consensuado en la anterior legislatura y acudiendo a la legislación de ruido que impone sanciones económicas como las que estamos viendo”.

A este respecto, abogan por abordarse sanciones de otro tipo, “más de contenido social, con trabajos para la comunidad, por ejemplo”. Pero este alcalde, agregan, “da muestras una vez más de no saber gestionar el día a día, salvo para los temas que tienen que ver con el euskera o con la construcción de un gaztetxe«.

“Las familias de los jóvenes quieren soluciones, lo mismo que los propietarios y no podemos continuar con esta situación de indefinición, de dejación de la gestión municipal”, han denunciado.

Por ello, UPN ha instado a que se reúna con los propietarios de los locales y los vecinos afectados. “De lo contrario, van a aumentar las denuncias y nos vamos a encontrar con unos jóvenes que no encuentran a dónde ir, sin oferta lúdica, a unos propietarios indefensos, a unos vecinos a los que no se les deja otra opción que la denuncia, y a unos funcionarios policiales a los que no les queda más remedio que aplicar la normativa del ruido y las correspondientes sanciones”, han concluido.