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UPN de Pamplona pide que la compra de viviendas en la ciudad tenga las mismas ventajas fiscales que en el resto de Navarra

También defenderán a la capital navarra después de que el Gobierno haya recortado su Plan de Infraestructuras en más de 6 millones

El Grupo Municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona pedirá en la próxima Comisión de Urbanismo que “la compra de viviendas en la capital navarra tenga las mismas ventajas fiscales que en el resto de Navarra”. Los regionalistas buscarán el apoyo de todos los grupos municipales para solicitar al Parlamento de Navarra que se modifique una de las medidas fiscales aprobadas ayer, que aplican una exención del 15% hasta un máximo de 7.000 euros en la compra de vivienda libre en las poblaciones de menos de 10.000 habitantes de fuera de la comarca.

Los regionalistas entienden que la modificación aprobada en la Cámara navarra “es razonable porque se refiere a términos municipales en los que no existe VPO y donde el precio de la vivienda libre en muchos casos es inferior a la de las viviendas protegidas”.

Sin embargo, afirman que “no se entiende la exclusión de Pamplona de esta medida, donde también existen barrios con precios de venta por debajo de VPO, como algunas zonas de San Jorge, Echavacoiz, Grupo Urdánoz, Casco Antiguo, Milagrosa o Camino Viejo de Sarriguren, por ejemplo”.

“La aplicación de esta medida sería un apoyo a la apuesta de Pamplona por la rehabilitación y regeneración de la ciudad construida, especialmente en el centro histórico y en algunos barrios donde el Ayuntamiento ya está actuando”, han explicado.

Además, según los regionalistas, “es necesaria una apuesta decidida por estos barrios, para que los jóvenes no se asienten sólo en nuevos desarrollos, sino también en la ciudad consolidada, contribuyendo así a su regeneración”.

“De hecho, la aplicación de esta medida puede producir el efecto contrario, animando a los compradores a adquirir vivienda sólo en los nuevos barrios, impidiendo la recuperación de los antiguos”, han detallado.

El Gobierno Barkos castiga a Pamplona

Además, UPN presentará en la Comisión de Presidencia de Urbanismo una declaración contra la modificación del Plan de Infraestructuras Locales de libre disposición aprobado por el Gobierno de Navarra, que reduce la cantidad consignada a Pamplona de 9.125.664 euros a sólo 190.000.

Los regionalistas destacan que “este recortazo se ha consumado sin que el alcalde Asirón haya sido capaz de plantar cara al Gobierno Barkos y defender los intereses de la ciudad que supuestamente dirige”.

“Asirón ha bajado la cabeza y no ha querido defender a los pamploneses porque sabe que su Alcaldía depende del apoyo de Geroa Bai”, han lamentado.

Por eso, “y ante la inacción de los grupos del Cuatripartito”, instarán al Gobierno Barkos a que “realice las gestiones oportunas que permitan a Pamplona percibir, en concepto de Plan de infraestructuras Locales de libre disposición, proporcionalmente lo que venía disponiendo en 2009, y que para este plan serían 6.844.428 euros”.

Caso Maider Beloki

Además, pedirán en la citada comisión “reprobar la actuación del concejal de Seguridad Ciudadana y Convivencia por su dejación en relación al expediente disciplinario incoado a la agente 051, que atendió el atropello de la concejala de Cultura Maider Beloki a dos ancianos en diciembre del año pasado”.

La agente en cuestión hizo públicos detalles de este hecho en distintos medios de comunicación, contraviniendo en principio sus obligaciones como Policía Municipal.

Por eso, exigirán al alcalde de Pamplona, también como máximo responsable de Policía Municipal, que “adopte la medidas oportunas para resolver a la mayor brevedad el citado expediente”.

“Casi un año, y a pesar de las numerosas ocasiones en que desde este grupo municipal de UPN hemos preguntado, seguimos sin saber cuándo se va a resolver este expediente”, han lamentado.

Además, han relatado que “sorprende sobremanera que en un expediente que se basa en informes de enero de 2016 no se apruebe su incoación hasta mayo, así como el cúmulo de circunstancias que han concurrido en el mismo, como que se haya prorrogado el plazo inicial de seis meses por otros seis; que se esperara hasta septiembre para esa ampliación; que no haya sido posible notificar el expediente a la interesada y que haya habido que acudir para ello al BOE; sorprende que la interesada haya recusado a la instructora y en cambio no se le haya podido localizar”.