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UPN aboga por reforzar los servicios sociales para atender las necesidades laborales de las personas en exclusión

Javier Esparza defiende un modelo en el que el protagonista no sea el subsidio, sino la inclusión social y laboral

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha defendido este jueves en el Parlamento de Navarra la enmienda a la totalidad con texto alternativo presentada por su grupo parlamentario al proyecto de Ley Foral por el que se regulan los derechos a la inclusión social y a la renta garantizada.

Esparza ha contrapuesto el modelo que recoge el proyecto del Gobierno, “en el que la prestación económica tiene por finalidad únicamente elevar los ingresos de las personas hasta cubrir sus necesidades básicas, y no la inserción social”, al que defiende UPN, donde “el derecho a la inclusión y el derecho a la renta de inclusión están íntimamente relacionados” y en el que “una persona o familia con derecho a la renta de inclusión social tiene el derecho y el deber de ser protagonista de su propio proceso de inclusión social y laboral desde el primer momento”.

Esparza ha manifestado que este modelo es acorde con la Recomendación de la Comisión Europea de 3 de octubre de 2008, sobre la inclusión activa de las personas excluidas del mercado laboral.

Otro desacuerdo, ha añadido, es la no regulación del derecho a la inclusión, y ha criticado que no se haya concretado hasta que el Gobierno apruebe un plan estratégico, “que no es de obligado cumplimiento”.

“UPN lo concreta en la ley desde el primero momento mediante un codiagnóstico, un análisis de empleabilidad, un itinerario personalizado, un Acuerdo bilateral de Incorporación y una serie de prestaciones garantizadas de la Cartera de Servicios Sociales, ha señalado.

Para ello, ha explicado que parte del refuerzo de los servicios de base con profesionales del ámbito de lo social, y de la implantación en cada servicio social de base de uno o varios técnicos de empleo dependientes del Servicio Navarro de Empleo.

Esparza ha recalcado que la principal política social es el empleo, “porque lo que quieren las personas que se encuentran en situación de exclusión es poder trabajar”.

 

“Desde UPN estamos convencidos de que nuestro texto alternativo mejora sustancialmente el proyecto del Gobierno, en cuanto que refuerza el derecho a la inclusión, refuerza los servicios públicos, mejora las posibilidades de empleabilidad y empleo de las personas, contempla una garantía económica suficiente, manteniendo la capacidad adquisitiva de las unidades familiares y, en definitiva, ayuda a lograr una sociedad más justa, más cohesionada, con un modelo más integral y centrado en la persona”, ha defendido.

En cuanto al texto alternativo propuesto por UPN, Esparza ha apuntado que mantiene que los sujetos del derecho a la Renta de Inclusión son las Unidades Familiares, no las personas.

Como novedad, ha citado que mantiene la referencia de la cuantías de la renta de inclusión al SMI y ha defendido que no debe empeorarse la situación vital de las personas cuya unidad familiar es de un solo miembro y deben mantenerse para el resto (salvo para las de 6 o más miembros), por estimarse “adecuadas y entre las más altas del Estado”.

Además, ha considerado que “no debe incrementarse el máximo previsto desde 1999 de 1,5 rentas en un mismo domicilio porque aumentar el límite actual a 3, como pretende el proyecto del Gobierno, no hará sino favorecer el hacinamiento de personas en el mismo domicilio”.

Asimismo, ha señalado que se establecen requisitos para el cobro de la prestación en el caso de las personas sin residencia legal.

Esparza también se ha referido a las obligaciones de los beneficiarios que son añadidas por los regionalistas para visualizar el compromiso de la persona con su proceso de inserción y el de su familia. Por ejemplo, ha enumerado, “la obligación de escolarizar a los menores de la unidad familiar, la obligación de destinar la renta a cubrir las necesidades básicas de todos los miembros de la unidad familiar, o la de firmar y cumplir el Acuerdo de Incorporación”.

El portavoz parlamentario de UPN ha finalizado su repaso al texto alternativo haciendo referencia a una disposición adicional por la que se impone al Gobierno destinar anualmente una cuantía económica para modernizar y simplificar el procedimiento de solicitud de renta de inclusión, “ya que esta simplificación permitirá a los profesionales reducir el papeleo y los trámites burocráticos para centrarse en el seguimiento y acompañamiento de las personas”.

Esparza ha pedido el voto favorable para un texto “que mantiene los aspectos más interesantes del Proyecto del Gobierno, pero que recoge un modelo de renta y de sociedad más inclusivo, más ligado al empleo, más profesional, y en el que nadie queda atrás”. “Un modelo en el que el protagonista no sea el subsidio, sino la inclusión social y laboral”, ha culminado.