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UPN enmienda a la totalidad la nueva RIS y propone un modelo alternativo

La propuesta legal de los regionalistas busca que el protagonista sea el derecho a la inclusión social y laboral reforzando los servicios sociales de base con equipos profesionales y con el complemento de una buena prestación económica

UPN ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley foral que regula los derechos a la Inclusión social y a la denominada Renta Garantizada, hasta ahora Renta de Inclusión Social (RIS), que ha presentado el Gobierno foral y que se está tramitando en el Parlamento de Navarra. La enmienda a la totalidad irá acompañada de un texto alternativo.

La portavoz regionalista en la Comisión de Derechos Sociales del Legislativo foral, Maribel García Malo, ha sido la encargada de presentar en rueda de prensa los motivos de esta decisión y los detalles de la propuesta alternativa que propone el grupo de UPN.

García Malo ha reconocido estar de acuerdo con la necesidad de una nueva regulación, pero ha explicado que la enmienda a la totalidad “parte del desacuerdo en algo tan fundamental como es el Modelo de Intervención Social con las personas en situación de exclusión”. A este respecto, se ha preguntado si “queremos un modelo en el que el protagonista sea el subsidio o queremos un modelo en el que el protagonista sea el proceso de inclusión social” y desde la premisa, ha agregado, de conseguir un “empleo digno”.

Para ello, UPN propone que “el Derecho de Inclusión Social no sea una declaración de intenciones o un brindis al sol, tal y como se regula en el proyecto de ley del Gobierno cuatripartito, sino un verdadero derecho con un contenido concreto”. Así, el texto alternativo de los regionalistas apuesta por reforzar los servicios sociales de base con profesionales del ámbito de lo social e implantar en cada uno de ellos una persona o equipo de profesionales de empleo dependientes del SNE.

“Este refuerzo de profesionales en los servicios públicos permitirá garantizar la realización, en primer lugar, de un codiagnóstico para cada persona que incluya, y esto es una de las novedades importantes de nuestra propuesta, un análisis de empleabilidad de cada persona que solicite la Renta de Inclusión Social. Estos profesionales realizarán un itinerario de inclusión social o socio-laboral, según lo que sea más procedente a la vista del codiagnóstico y del análisis de empleabilidad”, ha explicado.

Los regionalistas también proponen “recuperar el ‘Acuerdo de Inclusión’ que el Gobierno ha eliminado como instrumento en el que se plasman la responsabilidad de cada una de las partes de este proceso”. A este respecto, ha señalado que “no solo no hay ni una sola comunidad autónoma en España que no exija este acuerdo desde el principio del proceso de inclusión sino que todos los expertos en la materia lo consideran un elemento esencial en el proceso”.

Otra de las medidas defendidas por UPN es que “el itinerario y el citado acuerdo deberá contener necesariamente alguna de las prestaciones garantizadas de la Cartera de Servicios Sociales”.

Además, ha agregado García Malo, “en el caso de que el análisis de empleabilidad indique que la persona está preparada para trabajar, el itinerario y, en su caso el ‘Acuerdo de Inclusión’, deberá contener alguna de las prestaciones garantizadas en la futura Cartera de Servicios de Empleo”, que debería hacerse, ha manifestado, “no para final de legislatura sino en el plazo de 8 meses, y que debe ser un instrumento que concrete el derecho a la inclusión contenido en esta Ley”.

Para que este modelo funcione, la portavoz de UPN ha abogado por el “trabajo coordinado y participativo con entidades locales y con las entidades de iniciativa social, facilitando el acceso a servicios y prestaciones que estas ofrezcan y que podrán ser prestaciones reguladas en ambas Carteras de Servicios. Creemos por lo tanto importante incorporar a la Ley el principio de colaboración público/privada con las ONGs y entidades sin ánimo de lucro”.

Cambios en la prestación económica

Respecto al Derecho a la Renta Garantizada, “que nosotros preferimos seguir llamando Renta de Inclusión Social como hasta ahora”, ha matizado García Malo, UPN también propone modificaciones.

Por ejemplo, que el sujeto del derecho a la RIS debe seguir siendo la Unidad Familiar “ya que la situación de exclusión de una manera u otra afecta a toda la familia” y que no se pierda la referencia de las cuantías de la RIS al SMI, “por ser este el mínimo vital aceptado socialmente”.

En este sentido, los regionalistas consideran que no debe empeorarse la situación vital de las personas cuya unidad familiar es de un solo miembro. Por lo tanto, ha dicho García Malo, “proponemos que se mantenga un SMI a estas personas y no se rebaje en 55 euros mensuales la cuantía de la prestación a percibir”.

Además, el texto alternativo de UPN establece para el resto de unidades familiares, excepto las de 5 o más miembros, las cuantías que ya hay fijadas actualmente (Para dos el 120% del SMI; 3 el 130% del SMI; 4 el 140% del SMI; y 5 el 150%  del SMI). “En el caso de 6 o más miembros nuestra propuesta sería el 160% del SMI”, ha manifestado.

La portavoz de UPN en la Comisión de Derechos Sociales del Parlamento ha señalado que su grupo considera que la RIS para las personas sin residencia legal en España solo debe mantenerse en algunos supuestos, esto es, cuando existan menores a cargo o personas con discapacidad en el núcleo familiar o cuando se haya perdido la residencia por situación administrativa o pérdida de empleo.

Por último, se ha referido a que la nueva regulación amplía hasta 3 las rentas que se pueden percibir en un mismo domicilio. “Consideramos que puede favorecer el hacinamiento de personas por lo que creemos más conveniente volver a la regulación anterior en la que ese límite estaba en 1,5 rentas”, ha defendido García Malo.

No obstante, ha dejado claro que el proyecto de ley del Gobierno recoge distintas medidas que UPN comparte y mantiene en su propuesta, como la ampliación de la cobertura del derecho a la RIS a través de una deducción fiscal a las personas mayores de 65 años; mantener el derecho a la RIS a las personas entre 18 y 24 años en determinados supuestos; el establecimiento de estímulos al empleo, que permitan compatibilizar temporalmente y en determinadas circunstancias ingresos laborales con la percepción de la renta; o que la prestación no esté sujeta a un límite temporal sino que se otorgue en función de las necesidades de la persona con un sistema de seguimiento eficaz.

En conclusión, ha dicho, “defendemos una renta con una de las mejores coberturas de España, por no decir la mejor. En definitiva un modelo que pone el énfasis en el derecho de inclusión social con el complemento de una buena prestación económica”.

Y ha resumido: “UPN apuesta por un derecho a la inclusión que no sea una declaración de intenciones sino con un contenido concreto: con un codiagnóstico, un análisis de empleabilidad, un profesional de referencia, con prestaciones garantizadas, un itinerario que se adapte a las necesidades de cada persona y con un acuerdo que contenga las responsabilidades de cada parte”.

“Este modelo innovador, integral y centrado en la persona, surge del análisis y aportaciones de muchas entidades y profesionales, a los que quiero agradecer desde aquí su compromiso con el modelo social de Navarra”, ha finalizado, anunciando que para el caso de que esta enmienda a la totalidad no prospere UPN ha registrado también más de 50 enmiendas parciales con el objeto de mejorar el proyecto de ley del cuatripartito.