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UPN solicita informes sobre el proceso de reestructuración del sector de las Cajas de Ahorro

Pide diferentes documentos a los servicios jurídicos del Parlamento, al Banco de España, a la Confederación Española de Cajas de Ahorro y a la Audiencia Nacional

UPN ha solicitado diferentes documentos, informes técnicos y pronunciamientos judiciales a diferentes órganos y entidades para que puedan ser remitidos al Parlamento en relación con el proceso de transformación de Caja Navarra en una fundación de acuerdo con el marco legal y el mantenimiento de su Obra Social.

Dichas peticiones han sido formuladas por Luis Zarraluqui y Luis Casado, los dos integrantes regionalistas en la Comisión de Investigación, y van dirigidas a los servicios jurídicos de la Cámara, Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), Banco de España y Juzgado Central de Instrucción Nº 6 de la Audiencia Nacional.

En concreto, los regionalistas solicitan la remisión de varias normativas que recogen el marco legal y regulatorio en que se llevó a cabo el proceso de reestructuración del sector de las Cajas de Ahorro, además de varios informes y publicaciones sobre el propio proceso, la evolución regulatoria y financiera del sector y la transformación de Cajas de Ahorro en fundaciones.

Asimismo, solicitan información sobre la actividad de la Obra Social ejecutada por cada una de las fundaciones bancarias en los últimos cinco años y sobre el patrimonio neto de las Cajas de Ahorro a 31 de diciembre de 2008 y a 31 de diciembre de 2015.

A los efectos de realizar un análisis comparativo con la situación de Caja Navarra, UPN solicita también información sobre el deterioro patrimonial que contabilizaron las Cajas de Ahorros que participaron en procesos de integración (entendiendo por tal el ajuste a valor razonable de sus activos) sobre el importe de sus activos; sobre el descuento que, con ocasión de su salida a bolsa, aplicaron las Cajas de Ahorros sobre su valor teórico-contable, su comparación con el que en ese momento sufrían los demás bancos cotizados europeos, o el que aplicó el FROB a otros bancos de Cajas no cotizados para prestarles ayuda financiera; y sobre cuál sería el ajuste que habría que introducir en el patrimonio neto de las fundaciones de Cajas de Ahorros que participan en bancos no cotizados, para equiparar la valoración de dicho patrimonio con la de las que, como la Fundación Bancaria Caja Navarra, participan en bancos cotizados.

Finalmente, UPN solicita al Juzgado Central de Instrucción Nº 6 de la Audiencia Nacional copia de las diligencias judiciales incoadas sobre la falta de ejercicio por el Gobierno de Navarra de su facultad de inspeccionar a Caja Navarra y la aportación de diferentes documentos de las diligencias incoadas por dicho juzgado.

Estos documentos son los referidos a los informes de inspección y de seguimiento realizados por el Banco de España a Caja Navarra en el periodo 2002-2012, así como el informe especial que el Banco de España remitió a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Navarra el 22 de febrero de 2013; y el informe remitido al Juzgado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 22 de octubre de 2013 sobre el cumplimiento por la Oferta Pública de Suscripción de Acciones (OPS) realizada por Banca Cívica en 2011 de los requisitos legalmente exigibles para proporcionar a los inversores minoristas información suficiente, correcta y relevante.

En esta petición también se incluyen los informes periciales emitidos el 22 de mayo de 2014 y el 16 de julio de 2015 por los inspectores del Banco de España designados por el Juzgado sobre los hechos investigados en las mencionadas diligencias y los autos de sobreseimiento dictados por el citado Juzgado el 12 de junio de 2014 y el 5 de agosto de 2015.

“A través de toda esta documentación queremos propiciar un debate basado en datos y realidades constatadas y verificables, no en prejuicios políticos y conclusiones prefijadas, que es a lo que nos tienen acostumbrados los partidos del cuatripartito a tenor de la experiencia de otras comisiones llevadas a cabo en el Parlamento”, han señalado los regionalistas.

“A día de hoy existen informes aclaratorios, archivos de denuncias, y dictámenes de organismos oficiales que cuentan de forma objetiva y sin interés político lo que ocurrió”, añaden.

Por último, la formación regionalista reitera que “la pretensión del cuatripartito es una burda maniobra de distracción para tomarse la justicia por su mano, convertir al Parlamento en un tribunal político y desviar la atención sobre los problemas que acucian a la sociedad navarra y la nefasta gestión del Gobierno de Barkos”.