(UPN/25.6.15) El senador de UPN, Pachi Yanguas, ha presentado hoy en el Senado dos enmiendas al Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, a través de las cuales pide “penar con más dureza los delitos contra la integridad sexual de los menores de edad”. Esta iniciativa pretende añadir dos párrafos al artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ahora en vigor.
“Los delitos contra la integridad sexual de los menores se han incrementado en las últimas décadas en nuestro país y, al amparo de las nuevas tecnologías y de la globalización, han adquirido una dimensión internacional que requiere que las medidas penales en contra de estos delitos tan execrables tengan la mayor eficacia”, ha indicado Yanguas. Por ello, UPN ha presentado dos enmiendas “muy claras y concisas que suman al texto y lo mejoran”.
A través de la primera enmienda, ha explicado Yanguas, “pedimos que los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales sobre víctimas menores de edad cometidos en cualquier Estado del mundo serán perseguibles en España como si se hubieran cometido en el territorio nacional, y también al contrario”.
Asimismo, el senador de UPN solicita, a través de otra enmienda, que “si el delito es cometido por alguna persona en el ejercicio de una profesión sea inhabilitado en España y, además, no pueda ejercer dicha profesión en ningún otro lugar del mundo”.
Para el senador regionalista, “no parece razonable proteger a nuestros menores contra la pederastia y no hacer todo lo posible para prevenir que los condenados por dichos delitos puedan cometerlos de nuevo en otros países, incluso en países vecinos del nuestro. Como mínimo, deberían afrontar las consecuencias de vulnerar el cumplimiento de una medida impuesta por la justicia española”.
“Si un profesor ha cometido un delito contra la indemnidad sexual de un menor prevaliéndose de su condición de profesor no tendría sentido que se le condene en España y pueda seguir ejerciendo su actividad docente en Portugal, por ejemplo”, ha indicado.
En este sentido, el senador regionalista ha recordado que la Comisaria Europea de Justicia realizó en su momento una propuesta en este mismo sentido y “la gravedad de estos delitos reclama ahora que la legislación penal de España también recoja una tolerancia cero hacia los mismos, cualquiera que sea el país donde se hayan producido”.
Finalmente, las enmiendas de los regionalistas han sido rechazadas.