(UPN/23.6.15) La senadora de UPN, Amelia Salanueva, ha interpelado hoy durante el Pleno al ministro de Industria, a quien ha manifestado su discrepancia con el Real Decreto que regula el autoconsumo eléctrico. “Pedimos reflexión y diálogo, voluntad de llegar a acuerdos”, ha indicado Salanueva, quien ha subrayado que el borrador de este proyecto “ha hecho saltar las alarmas de particulares, empresas y asociaciones de consumidores, sectoriales y ambientales”.
De hecho, ha indicado Salanueva, “sin que haya concluido el plazo de alegaciones previsto hasta el día 24 de junio, más de 9.000 firmantes han procedido a manifestar su queja y discrepancia con la propuesta del Gobierno de España en relación con el autoconsumo”.
Durante la tramitación y aprobación de la Ley del Sector Eléctrico, ha explicado Salanueva, “enmendamos dicho proyecto entre otras cuestiones por lo relativo al autoconsumo, porque considerábamos que no era justo el peaje de respaldo que se le aplicaba para soportar los costes del sistema eléctrico”.
“Y es que, el autoconsumo eléctrico evita costes, racionaliza el consumo, contribuye al cumplimiento de los objetivos en materia de energía y medio ambiente, favorece el desarrollo igualitario de la industria energética, promueve la competitividad y el abaratamiento de costes, reduce el precio de la electricidad para el consumidor final y crea empleo”, ha dicho.
Pero el “verdadero problema” para el autoconsumo, para los ciudadanos y para las pequeñas y medianas empresas “viene ahora de aprobarse tal cual el proyecto de Real Decreto” por el que se establece la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y producción con autoconsumo, que el Gobierno ha presentado e hizo público el pasado 5 de junio, ha señalado Amelia Salanueva.
El RD 1699/2011 ya establecía la necesidad de regular el autoconsumo y establecía el plazo de 4 meses para hacerlo, “pero lo cierto es que en estos cuatro años que han transcurrido desde entonces nada se ha hecho al respecto, lo que significa la escasa importancia que este Gobierno ha dado al tema, pero lo que resulta más grave es que ahora, al final del mandato, casi por la puerta de atrás, el Gobierno plantee una regulación tan negativa para el autoconsumo mediante un Real Decreto y no mediante un proyecto de ley que pueda debatirse con sosiego y participación en las Cortes Generales”.
Confusión e inseguridad jurídica
La senadora regionalista ha indicado que el texto “induce a confusión e inseguridad jurídica y además choca frontalmente con la normativa que numerosas comunidades españolas, en el ejercicio de sus competencias, habían aprobado para el desarrollo del autoconsumo”.
Además, ha destacado las “barreras administrativas y económicas además de las técnicas o tecnológicas”, como “dos impuestos letales que vienen a sustituir el denominado peaje de respaldo, y que son un peaje de acceso a las redes y otro asociado al resto de costes del sistema, unos impuestos que asfixiarán el autoconsumo”.
A su juicio, “se ha optado por un modelo que va a la contra del derecho comparado, de la regulación internacional y el Gobierno apuesta por un sistema en el cual o bien el autoconsumidor vende sus excedentes en el mercado de producción obteniendo un beneficio económico o bien los cede de forma gratuita sin mediar precio”.