(UPN/22.10.13) La senadora de UPN, Amelia Salanueva, ha preguntado esta tarde durante el Pleno celebrado en la Cámara Alta, “si el Gobierno va a ser receptivo con las demandas de arquitectos y terapeutas ocupacionales en la próxima Ley de Servicios y Colegios Profesionales”. Asimismo, Salanueva ha pedido “receptividad” al Ejecutivo “ya que todavía estamos a tiempo de cambiar el anteproyecto”.
Según ha afirmado la senadora regionalista, “desde que a principios de agosto el Consejo de Ministros aprobara el anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales, las quejas y recelos de los colectivos afectados (abogados, arquitectos, farmacéuticos, terapeutas ocupacionales), han sido generalizadas por diversos motivos”.
“Los colectivos consideran que se trata de una norma muy teórica que desconoce la realidad social que pretende regular y en la que ha habido falta de diálogo. Creen además que Europa no impone esos cambios, por lo que la propuesta se extralimita y difiere de la directiva europea de servicios. Por último, los colectivos cuestionan que esta nueva ley vaya a suponer un ahorro de 7 mil millones de euros, tal y como dijo el propio ministro”, ha indicado Salanueva.
Sin embargo, la senadora regionalista ha querido centrarse en la situación concreta de los Terapeutas ocupacionales (TO), y de los arquitectos.
“Sobre los primeros ya tuve oportunidad de preguntarle con anterioridad y la situación no ha cambiado en nada”, ha afirmado la senadora regionalista.
Asimismo, Salanueva ha considerado que “la colegiación en este caso debe ser obligatoria tal como establece la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias. Son profesiones muy cercanas a las personas más vulnerables, por lo que a nuestro juicio, la colegiación garantizaría la buena práctica profesional para un colectivo al que se les debe poder exigir un seguro de responsabilidad civil sin el que la dicha colegiación no es posible”.
“Respecto a los arquitectos consideramos que como bien dicen ellos mismos a través del Presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, se trata de la más grave agresión hasta la fecha que conlleva la práctica desaparición de la profesión de arquitecto”, ha afirmado la senadora regionalista.
Salanueva ha sentenciado por tanto, que “el anteproyecto no tiene en cuenta la especificidad de la arquitectura, al tiempo que no va a mejorar la conflictividad y litigiosidad entre profesionales. Asimismo, el proyecto diluye en gran medida el concepto de profesión por el término de actividad profesional, lo que no es acorde con las Directivas Comunitarias. Además, es un anteproyecto no conforme ni viable con el sistema estatal universitario de títulos”.