(UPN/21.2.12) El senador de UPN Pachi Yanguas ha pedido hoy al Gobierno central que “actúe de oficio” en determinados casos de morosidad que afectan a empresas y a administraciones e incluso se plantee “la posibilidad de sancionar”. El senador regionalista ha recordado que “ya hace más de un año desde que se aprobó la Ley de Morosidad, que tenía el objetivo de evitar impagos, retrasos y prórrogas en la liquidación de facturas vencidas, así como la dinamización de la economía, y a la vista está que no ha obtenido los resultados esperados”.
Así lo ha indicado Yanguas durante la defensa de su pregunta en la Cámara Alta, en la que plantea al nuevo Ejecutivo cuáles van a ser sus intenciones para hacer cumplir la ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Navarra, ha dicho, es la CCAA que antes paga a sus proveedores -73 días- frente a la media nacional, que se sitúa en 525 días.
Igualmente, ha explicado que, en casos de morosidad en los que las empresas grandes no pagan a sus proveedores -las pymes-, “éstas lo único que pueden hacer es denunciarles, pero saben que, si denuncian, es muy probable que la empresa cambie de proveedor. Por eso no lo hacen”. “Hay entonces dos problemas, la falta de pago en plazos razonables por parte de algunas administraciones públicas tanto regionales como locales a sus proveedores y la falta de pago de empresas y pymes”, ha señalado.
“Por ello, propugnamos que se tomen medidas como el que la administración actúe de oficio, entre a valorar estos casos e incluso pueda valorar la posibilidad de establecer sanciones”, ha apostillado.
Con esta pregunta presentada por el senador regionalista, “UPN pretende defender los derechos de todos los empresarios navarros que tienen problemas económicos en la actualidad derivados de no cobrar sus facturas ya vencidas con administraciones del conjunto del país” y ha destacado que “debe darse una solución satisfactoria a los miles de navarros que se encuentran en esta situación”.
Yanguas ha formulado esta pregunta como consecuencia de la preocupación que los propios empresarios navarros trasladaron recientemente a la presidenta de UPN y del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, en un encuentro mantenido en Tudela con la Asociación de Empresarios de la Ribera.