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UPN advierte a Bildu que no le permitirá utilizar la sala de prensa del Ayuntamiento si vuelve a exhibir símbolos

(UPN/28.09.11) El grupo municipal de UPN ha advertido hoy a Bildu que ha incumplido un decreto de alcaldía de 13 de septiembre de 2007 que impide exhibir símbolos en la sala de prensa del Ayuntamiento, al mostrar una ikurriña en la rueda que ofrecieron ayer. En este sentido, los regionalistas han manifestado que “en caso de que se repita una actuación de este tipo, se prohibirá a Bildu el uso de la sala, como ya ocurrió en la legislatura anterior por el mismo motivo con ANV”.

El decreto sobre la utilización de la sala de prensa de la Casa Consistorial recoge que, por iniciativa del equipo de gobierno, la sala puede ser utilizada por los corporativos de los grupos políticos municipales que lo soliciten. No obstante, recoge algunas normas de uso, como son la solicitud con una antelación mínima de 24 horas, la necesidad de que entre una rueda de prensa y la siguiente haya un espacio temporal de al menos una hora, la prioridad del equipo de gobierno en caso de que haya coincidencia de horarios, que las ruedas de prensa solo se pueden celebrar en la sala de prensa, que la convocatoria la realizan los propios grupos municipales y que solo podrán comparecer o intervenir los corporativos. Además, se recoge expresamente que “ningún grupo podrá modificar, alterar o cambiar de ubicación los símbolos presentes en la sala (banderas, panel, etc.) ni exponer cualesquiera otros”.

El decreto concluye con la advertencia de que el incumplimiento de este régimen de utilización “dará lugar a la prohibición del uso de la sala por el grupo político infractor”. Así ocurrió en septiembre de 2007 con los concejales de ANV, cuando intentaron retirar las banderas presentes en la sala de prensa y, ante la imposibilidad de hacerlo, optaron por celebrar la rueda de prensa en los pasillos de la Casa Consistorial en lugar de la sala de prensa, que es el único lugar habilitado para ello. Los concejales de ANV presentaron un recurso, pero el Juzgado Contencioso Administrativo dio la razón al Ayuntamiento de Pamplona.