(Agencias/12.9.11) El Pleno del Congreso debatirá este martes en su primer Pleno ordinario tras el paréntesis estival una moción de Unión del Pueblo Navarro (UPN) en la que se insta al Gobierno a «fiscalizar de forma incesante» la actuación de los miembros del Bildu, extremando la «vigilancia» para evitar que la coalición abertzale o Sortu puedan concurrir a las elecciones generales.
La moción de UPN es consecuencia de la interpelación que su diputado, Carlos Salvador, dirigió al ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, en la última sesión de control al Gobierno que tuvo lugar en el Congreso antes del verano.
Durante su debate con Salvador, Jáuregui garantizó que el Gobierno mantiene una «vigilancia rigurosa, puntual y concreta» sobre cada una de las resoluciones, actuaciones y declaraciones de Bildu, pero explicó que, «con los informes jurídicos» que maneja, «no es posible aplicar todavía» la incompatibilidad sobrevenida prevista en la última reforma de la ley electoral.
En la moción, los foralistas navarros piden que la «fiscalización» de las acciones de Bildu se mantenga «de forma incesante» tanto a través de las Fuerzas y Seguridad del Estado como del Ministerio Fiscal que, en su caso, debería promover la acción de la Justicia. También recalca que este trabajo se haga «desde la lealtad al pacto antiterrorista».
El diputado de UPN ya expresó ante Jáuregui su temor a que Bildu pretenda concurrir a las elecciones generales porque, según su pronóstico, de hacerlo, podría incluso contar con un grupo parlamentario propio en la Cámara Baja. Por eso ahora demanda expresamente que se extreme la vigilancia sobre todas las plataformas vinculadas a ETA, como es el caso de la propia Bildu y de Sortu –que tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional su no inclusión en el registro de Partidos Políticos–, para evitar que pueda presentarse a futuros comicios.
También en el plano electoral, Salvador intentará que el Congreso emplace al Gobierno a impulsar una reforma de la Ley Electoral que permita a los vascos y navarros que tuvieron que abandonar su tierra por la presión terrorista, puedan votar en sus localidades de origen.
Apoyo a las víctimas
Asimismo, pretende que Gobierno «lidere la denuncia política de todos los episodios de falta de libertad» que se produzcan allí donde tiene presencia Bildu y que rechace «públicamente» aquellos «acuerdos programáticos o políticos» que puedan sellarse con la coalición o con cualquier otra formación que «comparta el proyecto» de ETA.
En la misma línea, pretende que el Ejecutivo deslegitime socialmente los objetivos políticos finalistas de la banda terrorista y la instrumentación «que de la acción pública hacen las plataformas políticas vinculadas a ella para obtener sus fines» y que, a la vez, apoye activamente a los movimientos en defensa de las víctimas del terrorismo.