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Indignados con los indignados

El pasado 15 mayo nacía un movimiento reivindicativo y espontáneo, que pretendía reflejar el hastío de los ciudadanos hacía los políticos, los principales agentes económicos y la propia forma de organización del Estado.

Los indignados fueron poco a poco tomando las principales plazas de España, celebrando asambleas, acampando; en definitiva, buscando un altavoz eficaz a sus reivindicaciones que, en muchos casos, no sólo eran positivas, si no que estaban más que de sobra justificadas.

El inasumible número de parados, los casos de corrupción que han afectado a muchos políticos, la presencia de esos políticos en las listas electorales de sus partidos y el hartazgo ante la falta de soluciones a la crisis económica eran motivos más que suficientes para que en un país democrático como España muchos ciudadanos salieran a la calle.

Hasta aquí, ningún problema. El problema llega dos meses y medio después. Los indignados siguen acampando a sus anchas en las principales plazas, como si aquello se hubiese convertido en su propia residencia, impidiendo el normal funcionamiento de los servicios públicos en esas zonas y perjudicando tanto a los comerciantes como a los ciudadanos que, por diferentes motivos, tienen que pasar por allí.

La actuación de la policía el pasado martes en Madrid para desalojar la puerta del Sol no pudo ser más inteligente y más cívica, pero la respuesta de los indignados intentando de nuevo, en un número masivo, volver a acampar en la plaza, como si se les privara de una propiedad que es sólo suya, resulta simplemente indignante. ¿Hasta cuándo pretenden los indignados ocupar los lugares públicos que son de todos? ¿Qué cauces pretender dar a sus reivindicaciones? ¿Cómo las van concretar?

Las razones, que no les faltan a estos ciudadanos para quejarse, dejan de ser razones cuando pretenden ser imposiciones, cuando se cruza la raya que separa lo permisible, incluso con generosidad y mucho cuidado por parte de los responsables públicos, de lo que es inasumible, a no ser que se esté en un país bananero.

Y España no es un país bananero. España es un país democrático, donde los ciudadanos elegimos cada cuatro años a nuestros representantes y donde cualquier ciudadano puede ser elegido para llevar a cabo sus propuestas. Que el sistema tiene carencias, es indudable, que la actuación de muchos políticos ha rozado el esperpento, sin duda, pero todo esto no debe hacernos olvidar que nuestro país tiene mecanismos mucho más sólidos para hacerse oír que hacerse propietario de lo público, que por su carácter público es de todos y a nadie pertenece en exclusiva, por muy indignado que esté.

El problema del movimiento 15 M no está en lo que reivindica. A pesar de su falta de concreción en muchos puntos, no sólo es legítimo, si no que puede ser compartido en muchos objetivos finales. El problema está en no haber sabido medir los tiempos, en haberse pasado de frenada y en haber indignado a la mayoría de la sociedad española, que con tan buenos ojos los recibió.