(UPN/30.6.2011) La diputada de UPN, Sagrario Guinduláin, ha pedido esta mañana al Gobierno de España que “garantice el cumplimiento de la legalidad vigente allí donde tiene presencia Bildu”. Para ello, ha solicitado al gobierno que “a través de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se esté atento al escrupuloso cumplimiento de las reglas democráticas y en caso contrario, y si fuera preciso y se dieran las circunstancias, se inste a su ilegalización”.
Con motivo de la votación de las propuestas de resolución presentadas tras el Debate del Estado de la Nación, la diputada regionalista ha defendido la propuesta de UPN que persigue “posibilitar que todos los ciudadanos vascos y navarros que han tenido que abandonar su lugar de origen o residencia forzados por amenazas terroristas, puedan ejercer su derecho a voto en el lugar de donde tuvieron que salir”.
Por ello, los regionalistas han instado al ejecutivo a “estudiar una fórmula que permita a estos ciudadanos exiliados participar en los comicios de su tierra manteniendo la confidencialidad de su domicilio”.
Sector fotovoltaico
UPN también ha planteado otra propuesta de resolución con la intención de devolver a las energías renovables y en especial a la solar fotovoltaica el papel protagonista que le corresponde.
En este sentido, Guinduláin ha destacado que “en la actualidad el sector fotovoltaico está sumido en una gran inseguridad jurídica como consecuencia de la aprobación de una serie de normas que han provocado una gran desconfianza en los inversores nacionales e internacionales”.
“Sólo en Navarra, más de 8.500 pequeñas instalaciones se verán afectadas por las medidas retroactivas aprobadas por el Gobierno”, ha declarado.
Por ello, la regionalista ha pedido al Gobierno que “retome la iniciativa del diálogo con el sector, para restaurar la estabilidad regulatoria y la seguridad jurídica en materia energética”.
Finalmente, la propuesta de resolución no ha salido adelante al no contar con el voto favorable de los principales partido de la Cámara, PSOE y PP.
Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales
En relación a la tercera propuesta de resolución presentado por los regionalistas, que busca poner en marcha la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales y que sí ha contado con el apoyo de la Cámara Baja, Guinduláin ha manifestado que esta resolución “está orientada a satisfacer la cada vez mayor exigencia de transparencia y control de las cuentas públicas por parte de los ciudadanos”.
La diputada regionalista ha recordado que la Ley 37/2010, de 15 de noviembre, establece la entrada en vigor de dicha Oficina a los noventa días de su publicación en el BOE, pero “sin embargo, a fecha de hoy, todavía no se ha dado cumplimiento al contenido de la misma”.
“Por ello, solicitamos su ratificación por parte de la Cámara, de modo que sirva de impulso para la puesta en marcha de la Oficina Presupuestaria de manera inmediata, incluyendo una dotación presupuestaria suficiente para el desempeño de sus funciones”, ha expuesto la regionalista.