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UPN propone definir el papel de las energías renovables y en especial la solar fotovoltaica

(AGENCIAS/30.6.2011) UPN ha registrado una propuesta de resolución, con motivo del Debate de Política General en torno al Estado de la Nación, en la que plantea una definición del papel de las energías renovables y, en especial, el del sector fotovoltaico.

En el texto de la propuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, los regionalistas plantean un retorno a la iniciativa de diálogo para restaurar la estabilidad regulatoria y la seguridad jurídica en materia energética, a través de la definición del mix energético y, en especial, del papel de las energías renovables dentro del mismo.

Según explica, la situación actual de los sectores afectados es de incertidumbre debido, en parte, a la crisis económica y a la «deficitaria gestión del Gobierno» al regular de forma «insuficiente y defectuosa esta materia».

Cambios normativos

Es más, proponen una modificación del marco normativo al que se acogen los titulares de plantas solares fotovoltaicas existentes a través de la adecuación del Real Decreto de 2010 para impedir la suspensión cautelar del cobro de primas sin el preceptivo trámite de audiencia previo al interesado.

Así como un cambio en lo establecido en el Real Decreto de 2010 con relación a la adaptación de las instalaciones a nuevas condiciones técnicas para que ésta pueda realizarse en condiciones técnico-económicas factibles.

Es más quieren replantear el Real Decreto de 2010 para mantener la seguridad jurídica de las inversiones realizadas con anterioridad a su entrada en vigor y cuya rentabilidad o liquidez, según indica UPN, han resultado sustancialmente deterioradas, suspendiendo cautelarmente la aplicación de sus disposiciones adicional primera y transitoria segunda, en tanto en cuanto no se regule dicha aplicación con criterios objetivos entre energías viables económicamente.

Sólo en Navarra, según cita, más de 8.500 pequeñas instalaciones se verán afectadas por estas medidas retroactivas, que han generado una «gran inseguridad jurídica» y dudas en inversores.

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